El litio, como todos los minerales que se explotan en el país, es de los mexicanos, así se reconoce en el artículo 27 de la Constitución; por eso la propuesta de reforma a la Ley Minera, que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión, debe entenderse más en el sentido político que económico, sin embargo, el hecho de que los cambios se encuentren entorno a la restricción para explotar minerales podría llevarnos a un conflicto comercial a nivel internacional. Kenneth Smith Ramos, quien fuera jefe de la Negociación Técnica del T-MEC, me comenta que la propuesta avalada en la Cámara de Diputados se refiere a generar una reserva de explotación de litio exclusiva para el Estado, cancelando toda posibilidad a empresas privadas en aprovechar al metal alcalino que cuenta con grandes virtudes en almacenar y transferir energía. El experto en el tema pone como ejemplo al tratado comercial de América del Norte (T-MEC), destacando que en la renegociación se incluyeron anexos y restricciones precisas, conocidas como cláusulas disconformes, las cuales tienen como objeto mantener la rectoría del Estado en ciertas actividades o sectores económicos, un ejemplo lo observamos en la generación eléctrica a través de reactores nucleares, ahí México, Estados Unidos y Canadá se reservaron la actividad para sus respectivos gobiernos, del litio y su limitante a explotarse ni una palabra. En ese sentido, el exfuncionario destaca que la propuesta impulsada por el Ejecutivo abre la puerta a una posible violación comercial, ya que sin advertencia, se cancelaría de forma unilateral la explotación del mineral a favor de empresas del sector privado, esta acción podría interpretarse como un obstáculo a la inversión y creación de negocios, permitiendo a compañías extranjeras o nacionales acudir ante cortes y paneles internacionales para que les expliquen las atribuciones y alcances de la ley avalada; no perdamos de vista que uno de los puntos clave de lo votado el lunes en fast track por los diputados de la mayoría camina en el sentido de la creación de un organismo descentralizado que tendría la responsabilidad de la exploración y explotación del litio. Sobre las concesiones otorgadas por el gobierno para el aprovechamiento del mineral —existen al menos 31 permisos en su mayoría operados por empresas extranjeras y se encuentran en fase de exploración—, pues tendrían que retirarse e indemnizar. En México, hay 82 localidades en siete estados con reserva de este material; Sonora cuenta con el mayor yacimiento, 8.8 millones de toneladas de carbonato de litio explotable para 2023. Ante este escenario es fundamental que el Senado tome en cuenta los riesgos legales que estaríamos sorteando, o bien que la Secretaría de Economía (SE), al mando de Tatiana Clouthier, prepare una potente estrategia jurídica, pues se avecinan tiempos complejos en ese sentido. POR JAIME NÚÑEZ

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