"Las ciudades hablan, son la pizarra en blanco de los olvidos gubernamentales y de los reclamos de sus habitantes.” ―José Luis Alcántara, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esas palabras resonaron con fuerza durante la compleja y lamentable semana que vivió la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El lunes a primera hora los estudiantes de Derecho comenzaron una manifestación en las inmediaciones del campus tras conocerse la agresión sexual contra una alumna dentro de las instalaciones. Ante ello, la reacción, el bloqueo y la rabia de una comunidad abandonada por sus propias autoridades, quienes, en un desmán de profundo silencio, han perpetrado esa segunda agresión con la tibieza y el encubrimiento. A las protestas poco a poco se sumaron la zona universitaria y el campus oriente, ahorcando el flujo vehicular. No recuerdo una protesta de este calibre. A mí, en lo personal, me tocó una caminata el lunes por la tarde de unos treinta minutos. El chofer del transporte público tuvo que descender a varios pasajeros en la carretera Matehuala por las desviaciones. Sin embargo, nunca el cansancio, las inclemencias del sol ni el apremio por llegar al trabajo se sintieron tan bien: detrás del caos había una demanda no solo justa, sino urgente. La ciudad habló. Una juventud crítica con decisión. Calles y avenidas se convirtieron en esas aulas que las autoridades han dejado en silencio generación tras generación. No fue, meramente, una protesta contundente tras un innombrable acto: fue un gesto cívico fuerte, implacable y exigente de justicia caracterizada por el silencio y el encubrimiento de diferentes actores académicos. Si para usted fue molesto o exagerado el hecho de las manifestaciones o la toma de varias facultades por parte de alumnos, le recuerdo que el sistema le ha fallado a todos. Solo pensemos en el 95 por ciento de denuncias sexuales que no pasan del carpetazo sin recibir un racimo de atención por la justicia. En 2020, según datos de ‘México Evalúa’, el 99 por ciento de las violaciones no se atendían. En 2022, solo cuatro de cada cien casos se resolvían. En muchos estados, los crímenes de esta índole alcanzan entre un 90 y 95 por ciento de impunidad. Incluso una abogada se atrevió a confiarme lo exagerado que le parecía la situación, afirmando que los estudiantes "daban pena por no proceder conforme a Derecho". Y, mire, la entendí: cómo no pensar que la rabia estorba cuando la impunidad parece distante. Sin embargo, el silencio de autoridades duele y estorba más, y es triste que la gente del Derecho -no todos- olvide que la justicia no parte pura y llanamente del código penal, sino de al menos un gramo de empatía con las víctimas. A esto, amable lector, le pregunto: ¿qué se pierde cuando las ciudades dejan de escuchar a los jóvenes? Esa cuestión resuena con la advertencia del ministro Alcántara: “El día que las ciudades no hablen, ese día la libertad habrá encontrado su mortandad.” ¿Por qué debe importarnos lo que los universitarios piensan? Porque el acto más académico que existe es pensar y actuar en pro de una sociedad más justa, pero especialmente enfrentarse al mundo cuando el sistema no responde. Y los estudiantes, valientes y sin ningún reparo, salieron a dar voz a la sociedad. A impartir ética a una institución que debería enseñarla. La protesta, pues, estaba justificada. Si incluso un ministro del máximo tribunal lo tiene claro, cómo le vamos a negar legitimidad a quienes salen a las calles y buscan ser ese lienzo, ese puente del reclamo social a la bendita justicia. Desafortunadamente, el contraste vino después. En el marco de la exigencia legítima de justicia, aparecieron los fantasmas que manchan la ética estudiantil. Intromisiones externas que olvidan la autonomía de la casa de estudios y que acciones de choque solo profanan un espacio que le pertenece al conocimiento y al pensamiento crítico, no al poder. Querer apropiarse de un movimiento estudiantil es desconocer la historia. Las autoridades ajenas a la UASLP deben enfocarse estrictamente en impartir justicia a los agresores. La exigencia de los autónomos hacia su escuela debe resolverse en el ámbito académico y el diálogo. Como cierre, dejo claro que no hablo contra mi universidad. Escribo por ella. Mi vínculo académico con la UASLP no se compara con nada. La calidad dentro del aula que me ofreció fue notable. Sin embargo, es triste y lamentable tener que dejar de lado esa admiración para condenar irremediablemente los actos sucedidos y señalar enérgicamente -con más pesar- la endeble respuesta institucional. Las universidades, como las ciudades, solo viven cuando escuchan a sus jóvenes. Los autónomos lo han dejado claro: la voz es también una forma de justicia.