Tras sostener una reunión con representantes de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México, el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que se detectó el posible desvío de recursos y falta de estudio de factibilidad por parte de la administración de Juan Manuel Carreras en el proyecto de ampliación de la pista y la modificación de la Torre de control del aeropuerto de Tamuín.

Existe un convenio inicial que se firmó en julio de 2019 y modificatorio en octubre de ese mismo año, signado por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de Turismo (Sectur) y ASA con la administración estatal anterior. Como parte del convenio se debió elaborar el Programa Maestro de Desarrollo para que este a su vez fuera aprobado por SCT, sin embargo, dicho plan no se adjuntó al convenio ni existió fecha de elaboración, “ese Plan debía contener los estudios y el proyecto ejecutivo de obra requerido, a fin de verificar si el predio donado era viable”, dijo. Dijo que en el contrato de enajenación en donde el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, fungió como proveedor de recursos, consta la cantidad de 56 millones 784 mil 105 pesos por la cantidad de 70 hectáreas, sin embargo, autoridades federales detectaron también la falta de 40. “Esas 70 hectáreas son terrenos en fango y sabían que no eran útiles para este proyecto. Alguien hizo algo indebido, porque desembolsar recursos con un propósito con el conocimiento de las condiciones inservibles para ampliar la pista, es engañar al Estado y eso es un ilícito. Es injusto que nuevamente los potosinos desembolsen más recursos por algo que ya se había pagado”, manifestó. Comentó que los comparecientes declararon como justo y legal el precio, señalando que se tomó como base para fijarlo el dictamen valuatorio realizado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el cual establecieron agregar al apéndice de documentos del protocolo de la notaría que dio fe de dicha enajenación, por lo que como parte de la indagatoria que se realiza se determinará si existe ese avalúo y si es acorde al precio fijado.