La defensa del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, informó este jueves que el juez que lleva el caso se declaró incompetente para seguir el proceso por lo que será enviado al Poder Judicial de la Federación. “Al mismo tiempo determinó, a petición de la defensa, decretar la incompetencia por declinatoria, es decir, que se declaró incompetente y mandará todo el expediente hacia el Poder Judicial de la Federación y poniendo a disposición al exgobernador al poder judicial federal”, dijo Víctor Oléa Peláez, quien encabeza a la defensa. De acuerdo con el abogado del despacho Oléa & Oléa Abogados SC, el juez determinó, en una audiencia que se llevó a cabo ayer y que duró más de 9 horas, decretar temporalmente la prisión preventiva mientras dure el proceso de Rodríguez Calderón, sin embargo, consideran que la medida no es justificada. La defensa indicó que hay que esperar a que un juez federal admita el expediente y comience a desahogar el proceso para saber si se revocará o ratificará la medida aprobada por el Juez de Control del fuero común.  Esta es la razón por la que aún no se han presentado recursos de apelación a la medida cautelar. En entrevista con Carlos Loret de Mola, el abogado Oléa indicó que por el momento van a concentrarse en preparar la estrategia de defensa ante las autoridades federales. Aseguró que Rodríguez Calderón se siente víctima de una venganza política, además de que la divulgación de las imágenes del exgobernador dentro del penal fueron una violación a su debido proceso. Un juez vinculó a proceso la noche del jueves a Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, por delitos electorales relacionados con el desvío de recursos y lavado de dinero durante su campaña presidencial en 2018. El exgobernador continuará el proceso bajo prisión preventiva en el penal Apodaca 2 mientras se resuelve si la autoridad federal atrae su expediente. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León (FEDE), formuló la imputación en contra de “El Bronco”, a quien se investiga por el delito electoral relativo a recibir aportaciones de dinero cuando exista una prohibición legal para ello. “En ese sentido, el juez de Control determinó un auto de vinculación a proceso de acuerdo a los antecedentes de la investigación y con base en los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público Especializado, los cuales establecieron que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito electoral y que existió la probabilidad de que el imputado lo cometió”, explicó la dependencia. --

Con información de Latinus