Cuando un menor de edad comete una infracción administrativa en el municipio de Bahía de Banderas, no se le castiga con sanciones económicas, sino con actividades de servicio comunitario. Así lo señaló Xavier Cristóbal Esparza García, coordinador de los juzgados cívicos del XII Ayuntamiento, quien además destacó que el objetivo principal de estas medidas es formativo y no punitivo. “Desde los 12 hasta los 17 años, un menor puede ser detenido por cometer una infracción administrativa, no un delito. La ley y el reglamento nos indican que debemos garantizar su debido proceso y protección de derechos”, indicó el funcionario en entrevista. ¿Qué es una infracción administrativa y qué es un delito? Cristóbal Esparza explicó que una infracción administrativa abarca conductas como tomar en la vía pública, alterar el orden o usar bocinas a alto volumen sin permiso. En cambio, un delito implica acciones tipificadas en el Código Penal y cuya gravedad puede derivar en sanciones penales. “Nosotros no atendemos delitos, solo faltas administrativas. Si se detecta una conducta delictiva por parte de un menor, entonces interviene directamente la autoridad competente como Seguridad Pública o el Ministerio Público”, aclaró. ¿Qué pasa cuando un menor es detenido? El proceso está diseñado para proteger al menor en todo momento. Si es sorprendido cometiendo una infracción, se le otorga el derecho a una llamada telefónica para contactar a sus padres o tutores. Si no se logra esa comunicación, se informa al DIF o al área de adolescentes del SIPINNA para resguardar al joven. La detención se realiza sin el uso de esposas ni fuerza excesiva, respetando los lineamientos del reglamento de justicia cívica. Posteriormente, se le realiza una valoración médica y psicológica antes de determinar las medidas que se aplicarán.

Servicio comunitario como sanción formativa Hasta la fecha, se han registrado 12 casos de menores infractores en el municipio, con mayor incidencia en las localidades de San Vicente, Mezcales y Bucerías. Las edades más comunes oscilan entre los 14 y 17 años. “La instrucción del presidente Héctor Santana ha sido clara: no aplicar multas económicas a los menores, sino sanciones con sentido social. El servicio comunitario se ha convertido en una herramienta eficaz para transmitir valores”, indicó Cristóbal Esparza. Estas labores suelen realizarse en las instalaciones de justicia cívica e incluyen limpieza, jardinería y mantenimiento de espacios públicos. Los jóvenes están bajo supervisión, reciben alimentación y, en todo momento, son acompañados por personal capacitado.