Pese a que durante la anterior administración municipal autoridades habían prometido regularizar a fraccionamientos en el cobro del servicio de agua, este proceso se encuentra actualmente “congelado”, reveló el vocero de la organización Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias. El vocero apuntó que de acuerdo con el director de Interapas Enrique Torres, el proceso se detuvo debido a que convenio signado, ofrecía ventajas para el desarrollador, pero no para la ciudad como tal. “Querían tomar en cuenta los pozos, la planta tratadora y unos terrenos, a precios ‘de risa’, como si fuera nuevo (…) ya se quedó otra vez, congelado el proceso”, dijo el activista, quien agregó que, en dicha reunión, Interapas afirmó también que continúan las negociaciones para determinar condiciones justas para ambas partes en estos convenios, además de las autoridades se comprometieron a ahora sí, “meter en cintura” a los fraccionamientos deudores del pago. González Covarrubias señaló que durante la reunión que sostuvieron organizaciones civiles con el director de Interapas y el alcalde de la capital, Enrique Galindo, los activistas les expusieron las demandas en torno a la omisión por parte de desarrollos respecto de cumplir con el pago del servicio de agua. Puntualizó el caso de fraccionamientos, como La Vista, que llevan varios años negándose a regularizarse, apuntó que, aunque esos desarrollos tienen pozos de agua no le pagan ni un centavo al Interapas y no pagan lo justo del agua y esta infraestructura pudiera abastecer a muchas colonias. Asimismo, reprochó que la situación de estos fraccionamientos, sirvió de pretexto a otros para hacer lo mismo y que el problema se incrementara. La organización señala que se han detectado hasta 230 fraccionamientos que se encontrarían en condiciones irregulares en este sentido. “Al ver que no pasaba nada, que no se aplicaba la ley y que incluso se seguían otorgando permisos para construir, provocó que muchos fraccionamientos como Villa Magna hicieran lo mismo”. Finalmente, González dijo que, para remediar esta crisis, es necesario una presión ciudadana para exigir que se impongan sancionan a quienes no cumplan, pero también reconoció que es responsabilidad de los diputados, que están obligados a modificar la ley, para imponer sanciones más fuertes para quien se niegue a pagar.