Ana María Abascal Sainz, presidenta local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), advirtió que la incidencia de actividades irregulares y delitos como la extorsión están provocando el cese de operaciones de diversos negocios y una disminución en el registro de patrones activos.

Para la lideresa empresarial, la seguridad no es un lujo, sino un "componente fundamental" para garantizar que las inversiones permanezcan y crezcan en San Luis Potosí.

Sostener un negocio en el contexto actual se ha vuelto una tarea costosa. Abascal Sainz detalló que las empresas potosinas deben destinar una parte considerable de sus ingresos operativos a la protección privada para evitar ser víctimas de la delincuencia.

Las empresas invierten, en promedio, entre 20 mil y 30 mil pesos mensuales en seguridad.

Este monto cubre desde la instalación y mantenimiento de sistemas de videovigilancia hasta la operación de cámaras.

Se han incrementado las inversiones en "blindajes" arquitectónicos, como la colocación de rejas, mallas de seguridad y protecciones reforzadas.

 La presidenta de Coparmex explicó que el modus operandi más recurrente sigue siendo la llamada telefónica, donde mediante engaños, amenazas o intimidaciones, los delincuentes buscan forzar depósitos de dinero inmediatos.

Este fenómeno no solo afecta las finanzas de los negocios, sino que genera un clima de incertidumbre que desincentiva la apertura de nuevos establecimientos y desgasta la estabilidad emocional de los empleadores y sus trabajadores.

Abascal Sainz recordó de manera firme que la obligación de garantizar un entorno seguro recae estrictamente en las autoridades gubernamentales.

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"El contexto actual hace cada vez más difícil y costoso emprender y sostener un negocio en el país. El incremento en gastos de prevención es una carga que muchos ya no pueden soportar", concluyó la titular de Coparmex.