La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Paola Ravel Cuevas, señaló que los posibles casos de financiamiento ilícito de partidos políticos durante campañas electorales deben ser investigados y evaluados por las autoridades encargadas de la procuración de justicia, y no directamente por la autoridad electoral.

La consejera explicó que en estos casos debe cumplirse lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, que garantiza una justicia pronta y expedita, al tiempo que recordó que en el marco constitucional prevalece el principio de presunción de inocencia.

En ese sentido, puntualizó que el simple inicio de una investigación en contra de una persona o de un partido político no permite al INE suspender el ejercicio de sus derechos político-electorales, ya que estos también son considerados derechos humanos.

Ravel Cuevas subrayó que lo necesario es un trabajo rápido, serio y eficaz por parte de las instituciones de procuración de justicia, de manera que, en caso de comprobarse responsabilidades, existan sentencias firmes que permitan al INE actuar en consecuencia.

Explicó que, una vez que se cuente con resoluciones judiciales, el Instituto podría proceder a suspender derechos político-electorales, evitando así que personas con antecedentes comprobados puedan acceder a cargos públicos.

La consejera también señaló la necesidad de fortalecer el intercambio de información entre instituciones del Estado, particularmente con instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de contar con datos y antecedentes sobre los perfiles de candidatas y candidatos.

Indicó que en múltiples ocasiones dicha información ha sido negada al INE, bajo el argumento del secreto ministerial, lo cual advirtió, dificulta un ejercicio efectivo de fiscalización electoral.

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Finalmente, Ravel Cuevas explicó que este tema fue uno de los puntos que el INE observó dentro de la propuesta de reforma electoral presentada ante la comisión presidencial, al considerar que la falta de intercambio de información limita la capacidad de supervisión de la autoridad electoral.