La ley que estipula el cobro del impuesto ambiental tiene algunos conceptos que ponen en duda cómo se aplicará este cobro a las empresas, señaló Santiago Galván de SG&C firma de asesores corporativos especializados en materia contributiva, contable y administrativa, durante una reunión privada con los asociados de Industriales Potosinos A.C. No hay una definición en los conceptos de quienes y porque se tendrán que cumplir con las obligaciones tributarias: “los elementos de la contribución son el sujeto, el objeto, la base y la tasa, tarifa o cuota, es decir, quien lo va a pagar, porque lo va a pagar, en que cantidad lo va a pagar y cuando lo va a pagar, esos son los elementos de una contribución”. En este primer año se pretenden recaudar aproximadamente 19 millones de pesos, el especialista explicó que incluso la redacción de la propia ley refleja que este año sería de prueba, pues ni siquiera se cuenta con una medición del aire en San Luis Potosí y menos de las emisiones contaminantes. “En la recaudación estimada para el 2024 se consideran factores de implementación, al ser el primer año de cobro que podría disminuir el factor recaudatorio, adicionalmente se perfeccionarían los mecanismos para la declaración y monitoreo de las emisiones contaminantes”, citó el experto. La legislación empieza con un concepto que incluso consideró nuevo: previsiones generales; previsiones es la acción de disponer lo conveniente para atender contingencias o necesidades previsibles. Los impuestos ecológicos o ambientales son aquellos que recaen sobre bienes y servicios contaminantes, su función fundamental consiste en incentivar el cuidado y protección del ambiente mediante de las tasas impositivas aplicadas a los productores y consumidores, que se materializan en un comportamiento más amigable y consiente de su entorno, continuó con la lectura y criticó. “Que lamentable redacción, porque nos habla de muchos temas, nos habla de los bienes y servicios, ese impuesto lo que hace es incentivar la protección del ambiente mediante tasas, aquí no tenemos tasas, tenemos una cuota, aplicables a productores y consumidores, ahora resulta que los consumidores también”, dicho artículo aseguró que podría servir para un medio de impugnación.