Mientras las dudas respecto a la falta de legitimidad de los resultados electorales del domingo en Venezuela son muy pocas, basadas al menos en las actas electorales que la oposición logró divulgar y representan a 71 por ciento de las casillas, las que se refieren a la posibilidad de que el presidente Nicolás Maduro y su gobierno acepten su derrota son igualmente sólidas. El problema es que, potencialmente, es la gobernabilidad de Venezuela la que está en juego. Pero la de Maduro es una victoria pírrica. Los costos son enormes: la forma en que la proclamó, gracias a una autoridad electoral subserviente, y la represión en marcha, ponen en duda su legitimidad, dentro y fuera del país; en lo económico, lo coloca de nuevo en la lista de los "apestados". Peor aún, de acuerdo con un análisis atribuido a Ricardo Haussman, exministro de Planificación y ahora catedrático de Harvard, las acciones del gobierno Maduro y sus aliados equivalen "a una conspiración que ilegitima a muchas instituciones del Estado". Parte del problema es que además de sus ambiciones personales, Maduro está obligado a permanecer en el poder por la influencia de sus socios principales, el ministro de Defensa Vladimir Padrino, y Diosdado Cabello, diputado y vicepresidente del partido oficial, amén de un influyente personaje al que se ha acusado en medios internacionales de vinculaciones con grupos delincuenciales. Aun en el caso de que Maduro hubiera ganado, escribió Allyson Fedirka en Geopolitical Futures, "ahora debe enfrentarse al enfoque sistemático de la oposición para deslegitimar los resultados oficiales. Su reclamación sobre los resultados fraudulentos se basa en la verificación de los votos". De hecho, la propia analista considera que dadas las características del sistema electoral venezolano, donde prácticamente la mitad de los sufragios, emitidos en una combinación de voto electrónico y papeleta, son verificables por conteo, pero otra parte no, "lo que abre la posibilidad de que el gobierno se atribuya la victoria basándose en totales no verificables". Para la oposición, la impugnación de los resultados electorales por razones técnicas, significa socavar al régimen de Maduro, aunque "sabe que no revertirá los resultados del Consejo Nacional Electoral", pero espera sembrar dudas en otras instituciones venezolanas. Pero tan importante y probablemente más delicada es la complicada red de poderes dentro del gobierno. "Aunque se lo considera un autócrata, Maduro no ejerce un poder absoluto. Controla grandes sectores del gobierno, como el Consejo Electoral, pero no todo el país. Actuar de manera independiente, por ejemplo, dar garantías a Estados Unidos, es a la vez difícil y riesgoso", señaló el análisis. Padrino controla las Fuerzas Armadas y de acuerdo con Fedirka la relación con países como Rusia. Mientras, Cabello "supervisa" actividades comerciales ilícitas y de narcotráfico. POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS 

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