La noche del 20 de septiembre, un ataque con drones kamikaze contra un sitio donde el jefe pandillero Albert Steevenson celebraba su cumpleaños con familiares y amigos, resultó en la muerte de al menos ocho menores de diez años, siete adultos y lesiones a seis infantes más.

Steevenson resultó ileso, de acuerdo con la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Haití, citada por The New York Times.

Pero la matanza en el fallido ataque contra el gánster ilustra parte de los problemas de Haití.

Los "drones" eran operados por contratistas, aparentemente estadounidenses de la empresa de seguridad Academia en este caso, que forman –o formaban parte– de un esfuerzo internacional por tratar de restablecer la seguridad y la gobernabilidad en Haití, y en concreto poner bajo control o desbandar a las pandillas que de hecho se disputan entre sí y con el gobierno, el poder en la capital haitiana, Puerto Príncipe.

Cierto que parece poco frente a problemas como el de la invasión rusa de Ucrania y sus ataques bélicos en las fronteras europeas, o las brutales represalias del gobierno israelí de Benjamin Netanyahu contra los habitantes de Gaza.

El hecho, sin embargo, es que Haití, ese pobre país, literal y figurativamente, se ha deslizado ya por décadas en el tobogán de la ingobernabilidad y hay reiteradas advertencias de que se encuentra en el umbral de convertirse en un estado criminal a menos que algo pase.

El tema es tanto más urgente porque el mandato de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSSM), autorizada por las Naciones Unidas (ONU), de poco más de unos mil elementos y compuesta en buena parte por gendarmes kenianos, expirará el dos de octubre.

El propósito de la MSSM es y era ayudar a reprimir a las pandillas delictivas de Haití y evitar la caída total del país en un estado criminal.

Pero en realidad no fueron suficientes y las pandillas controlan ahora el 90 por ciento de la capital haitiana, un puerto vital para la vida económica de ese país.

De acuerdo con un recuento, extorsionan al mantenimiento de infraestructuras y negocios críticos, destruyen hogares y escuelas, mataron a más de cuatro mil personas en. lo que va de 2025, cometen violencia sexual generalizada y obligado al desplazamiento de 1.3 millones de haitianos, un diez por ciento de la población 

El 28 de agosto, los gobiernos de Estados Unidos y Panamá presentaron al Consejo de Seguridad de la ONU una propuesta para una "fuerza de represión de pandillas" de hasta 5,500 uniformados para arrebatar el control de Haití a las pandillas que controlan gran parte del país. La propuesta exige la donación de fondos y fuerzas por parte de varios países.

Pero no hay certidumbre de que, de ser aprobada, la nueva fuerza resulte más eficiente, menos controversial y mejor vista por los haitianos, que tampoco confían mucho en sus propias fuerzas policiales, del ejército ni en el Consejo Presidencial de Transición que se hizo cargo del gobierno en abril de 2024.

Al margen de lo que determinen las Naciones Unidas, parecería correcto afirmar que una solución puramente de seguridad sería insuficiente para resolver la que ya parece endémica crisis de Haití.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS  

COLABORADOR   

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