Guanajuato se mantiene entre las entidades con mayor número de denuncias por incumplimiento de pensiones alimenticias en el país, una problemática que colectivos de madres autónomas identifican como una expresión de violencia económica y vicaria. Además, acusaron que persisten obstáculos institucionales y resistencias políticas para fortalecer la aplicación de la Ley Sabina en el estado. Alejandra Aguilera, integrante de la colectiva Ley Sabina Guanajuato, señaló que la entidad ha ocupado durante varios años los primeros lugares a nivel nacional en denuncias contra deudores alimentarios, según estadísticas federales. Sin embargo, advirtió que el acceso a la justicia continúa siendo uno de los principales desafíos para las mujeres que buscan garantizar el derecho alimentario de sus hijas e hijos. La activista explicó que iniciar un juicio de pensión alimenticia por la vía particular puede representar un gasto de entre 20 y 40 mil pesos, además de enfrentar procesos prolongados que dificultan el seguimiento de los casos. “Hay una violencia institucional y sistemática muy fuerte para las mamás autónomas. Los procesos tardan meses y una mujer no puede estar faltando al trabajo para acudir constantemente a audiencias”, señaló.

Aguilera también criticó las objeciones que ha enfrentado la iniciativa presentada por la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pedroza, la cual busca armonizar la legislación estatal con los principios de la Ley Sabina para fortalecer las medidas contra los deudores alimentarios. Entre las modificaciones propuestas destaca la reducción de 90 a 60 días del plazo de incumplimiento necesario para incorporar a una persona al Registro Estatal de Deudores Alimentarios. La medida pretende evitar que algunos deudores evadan su inscripción mediante pagos esporádicos que interrumpen temporalmente el conteo de adeudos. La propuesta también contempla trasladar la administración del padrón del Registro Público de la Propiedad al Registro Civil, así como restringir la expedición o renovación de licencias de conducir a quienes permanezcan inscritos en el registro hasta que regularicen sus obligaciones alimentarias.

Otro de los señalamientos de la colectiva se centra en la falta de acceso público al padrón estatal de deudores alimentarios. Sobre este punto, el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, informó que actualmente el registro concentra a 106 personas inscritas por incumplimiento de esta obligación, de las cuales únicamente cuatro son mujeres. El funcionario destacó que el Gobierno del Estado mantiene como política la no contratación de personas registradas como deudoras alimentarias y recordó que quienes liquidan completamente sus adeudos pueden ser retiradas del padrón. Asimismo, indicó que a través del programa Aliadas, la Defensoría Pública ha promovido cerca de cuatro mil juicios de pensión alimenticia, brindando asesoría y representación jurídica gratuita a mujeres que buscan hacer valer los derechos de sus hijas e hijos. Finalmente, anunció que el próximo 16 de julio comenzarán operaciones los primeros juzgados mixtos especializados en León, Guanajuato capital y Salvatierra. Estos espacios tendrán como objetivo concentrar la atención jurídica, familiar y penal para mujeres víctimas de violencia, además de incorporar mecanismos de evaluación de riesgo para una atención integral. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H Con información de Zona Franca