De acuerdo con un estudio de la organización civil Causa en Común, el sistema penitenciario de Guanajuato presenta irregularidades. A través de solicitudes de información, la organización solo obtuvo respuesta al 75% de lo requerido, lo que evidenció la falta de transparencia en áreas clave como la carrera policial, el estado de fuerza y la equidad de género. Entre los datos reservados destacan el número de agentes activos, su jerarquía, nivel educativo, y la proporción de mujeres en puestos operativos y de mando. El estudio también denunció que no fue posible conocer el número de psicólogos asignados a la corporación ni el porcentaje de quejas por violaciones a derechos humanos. Además, se identificaron carencias en el régimen disciplinario, ya que la institución no cuenta con lineamientos claros para la recepción e investigación de quejas internas, ni con protocolos de actuación o difusión efectiva de los canales de denuncia. A esto se suma que en algunos casos se solicitó un pago para acceder a documentos públicos, lo que impidió revisar instrumentos clave del sistema de carrera policial. En cuanto a infraestructura y equipamiento, se reconocen algunos avances como la presencia de equipos para detección de sustancias, señal telefónica, y entrenamiento canino. Sin embargo, el informe señala la falta de instalaciones adecuadas para el personal y la carencia de un plan de capacitación integral. También se reporta que las mujeres trabajadoras no cuentan con servicios como salas de lactancia o guarderías, lo que limita la conciliación entre la vida personal y laboral.

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Finalmente, se detectaron serias omisiones en temas de uso de la fuerza y perspectiva de género. La institución no cuenta con protocolos actualizados, ni con informes públicos sobre el uso de la fuerza, y reservó información sobre armamento no letal y equipo de protección. Tampoco se incluyó la perspectiva de género en el reglamento del sistema penitenciario ni se ofreció claridad sobre la capacitación del personal en este tema. Para Causa en Común, estos hallazgos reflejan una urgente necesidad de revisión institucional y mayor rendición de cuentas. Con información de Zona Franca