El gobierno de Florida recibirá un reembolso de 608 millones de dólares por los costos de construcción y operación de un centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida. La medida implica el posible cierre de la llamada “Alligator Alcatraz". El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que al estado de Florida se le otorgó su reembolso completo esta semana.   Aunque los fondos ya fueron aprobados, aún no son liberados porque el proceso de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias exige que se revisen los gastos para los cuales se solicitan reembolsos, explicó Stephanie Hartman, directora de comunicaciones de la División de Manejo de Emergencias de Florida, en un correo electrónico enviado a The Associated Press. El proceso de reembolso puede obligar a Florida a desmantelar las operaciones en la instalación por segunda vez debido a una orden judicial federal emitida en agosto. El juez de Miami estuvo de acuerdo con los grupos ambientalistas que presentaron una demanda, argumentando que el sitio no fue sometido a una revisión ambiental adecuada antes de ser convertido en un centro de detención de inmigrantes. Para cumplir con el fallo, el juzgador dio un plazo de dos meses. Sin embargo, la orden judicial fue suspendida temporalmente por una corte de apelaciones de Atlanta, al argumentar que la instalación administrada por el estado no necesitaba someterse a un estudio de impacto ambiental requerido federalmente porque Florida aún no había recibido dinero federal para el proyecto. “Si los demandados federales finalmente deciden aprobar esa solicitud y reembolsar a Florida por sus gastos relacionados con la instalación, podrían tener que realizar primero un EIS (declaración de impacto ambiental, por sus siglas en inglés)”, escribió el cuerpo colegiado de tres jueces de la corte de apelaciones el mes pasado. La decisión del panel de apelaciones permitió que el centro de detención permaneciera abierto y detuvo los esfuerzos de cierre. El presidente Donald Trump recorrió la instalación en julio y sugirió que podría ser un modelo para futuros centros de detención a escala nacional, mientras su gobierno impulsa la expansión de la infraestructura necesaria para aumentar las deportaciones. Los grupos ambientalistas que demandaron a los gobiernos federal y estatal dijeron que la confirmación del reembolso mostró que la instalación construida en Florida era un proyecto federal “desde el principio”.

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“Se trata de un proyecto federal que se construye con fondos federales y que, según la ley federal, debe pasar por una revisión ambiental completa”, dijo en un comunicado Elise Bennett, directora de Florida y el Caribe del Centro para la Diversidad Biológica. “Haremos todo lo posible para detener este desastre ilegal, destructivo y derrochador”. Con información de LatinUS / AP