La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, formuló un punto de acuerdo para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, de manera inmediata, instruya a la Coordinación General Jurídica a formular y presentar el juicio de lesividad previsto en los artículos 305 y 306 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, en contra del acto administrativo por el que se concesionó por treinta años la autopista Guanajuato-Silao al consorcio VISE, S.A de C.V.-Construcciones Rubau, S.A., a través de la empresa Concesionaria Valle de la Independencia S.A. de C.V., por configurar una lesión manifiesta al interés público y presentar posibles deficiencias graves de legalidad, motivación y fundamentación. De igual manera para que proceda a desclasificar y enviar toda la información y/o documentación soporte de los estudios de aforo vehicular, la metodología empleada para el establecimiento de tarifas, los modelos financiero y jurídico que sustentan la operación, así como los dictámenes de conveniencia y las matrices de evaluación de riesgos que justificaron la decisión de concesionar, a fin de garantizar el principio de máxima publicidad y permitir el escrutinio ciudadano que fortalezca la defensa jurisdiccional del interés público. Finalmente, para que remita al Congreso del Estado un informe detallado y exhaustivo sobre el estado actual de los litigios relacionados con la concesión de la referida autopista, incluyendo los procedimientos de amparo en curso, así como las acciones correctivas y de protección que se han emprendido o se tengan contempladas para salvaguardar el patrimonio estatal y garantizar los derechos de las personas usuarias de la infraestructura vial. Al presentar las consideraciones de la propuesta, la congresista comentó que la autopista Guanajuato – Silao a lo largo de los años ha sido una vía estratégica para la conectividad estatal; sin embargo, el gobierno del estado decidió concesionarla por treinta años al consorcio VISE S.A de C.V Construcción Rubau S.A decisión que presenta irregularidades de fondo y pone en riesgo el interés público. Aguilar Castillo mencionó que en los últimos tres años se estimó un ingreso de más de 737 millones de pesos, es decir un promedio anual de 245 millones de pesos; y compartió que la concesión de la autopista lejos de representar un esquema equilibrado significa ceder a un privado la explotación de un activo público estratégico, con flujos financieros asegurados. Añadió que la desproporción dentro de los beneficios privados y el sacrificio público demuestra que la concesión no fue la figura adecuada para el desarrollo de esa infraestructura; además de que los documentos oficiales revelan una opacidad preocupante en aspectos fundamentales como el título de concesión y los lineamientos para el establecimiento de tarifas de peaje. Finalmente, la diputada reiteró que la tutela del patrimonio público y la protección de los derechos de las personas usuarias exigen que el establecimiento de tarifas, la calidad del servicio, la conservación de la infraestructura y todos los parámetros de razonabilidad se anclen en costos reales y justificaciones objetivas, no en lógicas puramente recaudatorias y especulativas. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H

El punto de acuerdo se turnó para su estudio y análisis a la Comisión de Hacienda y Fiscalización.