El gobierno de Perú tomará una decisión sobre el caso del expresidente Alberto Fujimori, quien fue excarcelado la semana pasada, después que el Tribunal Constitucional (TC) emita una resolución sobre el pedido que presentó uno de sus integrantes para que se anule la orden que la semana pasada permitió su liberación. “Cuando el tribunal se pronuncie sobre ese asunto podremos tomar la decisión que la Constitución y los convenios internacionales establecen”, declaró el primer ministro, Alberto Otárola. El magistrado Manuel Monteagudo, uno los integrantes del tribunal, solicitó este lunes que se anule el fallo que permitió la liberación de Fujimori tras asegurar que no fue “sometido a conocimiento o deliberación del pleno” del organismo. Otárola también anunció que se enviará al TC una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que la semana pasada ordenó que no se ejecute la liberación de Fujimori (1990-2000). Tras confirmar que “existió una medida de urgencia expedida” por la CorteIDH, dijo que se pedirá al Constitucional que se pronuncie “de acuerdo con sus facultades”. El primer ministro defendió, además, la decisión del Ejecutivo de proceder a la liberación de Fujimori por que la orden provino de una “resolución expresa” del Tribunal Constitucional. “Nos gusten o no nos gusten las resoluciones que dicte el TC este es el último ente de control constitucional que, jerárquicamente, es un alto tribunal cuyas resoluciones no tienen sino que ejecutarse y acatarse”, dijo. Otárola sostuvo, además, que el gobierno que preside Dina Boluarte “en este momento no es parte de este proceso”, sino que “simplemente ha ejecutado una disposición, una resolución del más alto órgano de control de la Constitución”. Fujimori fue puesto en libertad el pasado miércoles en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional publicada el 4 de diciembre, a pesar de que la CorteIDH pidió a las autoridades peruanas que se abstuvieran de hacerlo. El Constitucional había ordenado la liberación del exmandatario con una resolución que fue firmada por tres de sus actuales seis miembros, con el voto dirimente del presidente del organismo, Francisco Morales. La decisión declaró fundado “el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo pasado”, lo que restituyó de manera definitiva el indulto que concedió a Fujimori, en diciembre de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. En abril de 2022, la CorteIDH ordenó a Perú abstenerse de aplicar una sentencia de ese año del TC que ratificaba el indulto, pues era contraria a las sentencias del tribunal internacional en los casos de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, por los cuales el expresidente fue condenado a 25 años de cárcel en 2009. Con información de Latinus,