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Zacatecas enfrenta la peor crisis social, económica y moral de su historia
16:02 viernes 12 agosto, 2022
ZacatecasA un año de administración, el gobierno de David Monreal Ávila es el peor de los últimos sexenios en Zacatecas, afirmó el diputado local del Partido del Trabajo Xerardo Ramírez Muñoz. Previos al primer ejercicio de rendición de cuentas de la nueva administración estatal, el legislador destacó que ha sido un año complicado, accidentado y con la peor crisis en social, económica y moral de la historia reciente del estado. Aseguró que los funcionarios no han estado a la altura de la responsabilidad que les fue conferida, por lo que prácticamente todas las evaluaciones del país colocan a Zacatecas en el último lugar nacional de aceptación ciudadana. A decir del diputado, el discurso sobre la “herencia maldita” ya no es viable luego de un año de gobierno y más cuando en sexenios como el de Miguel Alonso Reyes si se invirtió en seguridad para contener la ola de violencia, con la construcción de las Unirse y los batallones del ejército mexicano en diferentes puntos del estado. Señaló que no es posible que cada tercer día se registren incidentes de seguridad en pleno centro histórico de la capital, sobre el bulevar o en diferentes municipios. Destacó que esta situación ha terminado por alejar a los inversionistas, pues los empresarios se mudaron del estado y es probable que cierren sus empresas. Aseguró que se ve un gobierno que en la mayoría de sus integrantes no quiere escuchar y lamentó que prácticamente todos los secretarios de estado tienen las puertas cerradas a los diputados locales, que son los representantes populares. Reiteró que, la actual administración ha sido excluyente y no ha habido un diálogo formal entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, además de que se ha impuesto sólo el criterio personal del gobernador. Finalmente, hizo el llamado para que el gobernador demuestre voluntad política y acuda al congreso a entablar un diálogo institucional y respetuoso; además advirtió que, las glosas son obligaciones constitucionales, por lo que el funcionario que no cumpla incurrirá en desacato.