El temporal arrasó con caminos, viviendas y cosechas, pero también con la paciencia de la Presidencia de la República. No fue sólo el jalón de orejas al alcalde de Huauchinango, Rogelio López, fue un tirón generalizado hacia quienes siguen confundiendo el cargo con una excursión política. Entre ellos, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien se volvió símbolo de la negligencia gubernamental y la indolencia ante la tragedia. Las imágenes no dejan lugar a matices: Nahle y su secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, posando con tenis relucientes –sin una mancha de lodo– mientras cientos de familias caminaban entre el fango. Una postal de frivolidad en medio del desastre. La indignación escaló cuando se supo que la veracruzana canceló los seguros contra desastres naturales, dejando a Veracruz sin recursos ni respaldo financiero para enfrentar emergencias.  En Palacio Nacional el malestar fue evidente. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió en privado a la gobernadora que explique qué ocurrió con las pólizas desaparecidas. No se trata, como quieren hacer creer, de un “error administrativo”. La ley es clara: los estados tienen facultades presupuestarias para contratar seguros que protejan a la población ante contingencias naturales. El gobierno veracruzano decidió ignorarlo, y el costo lo pagan los damnificados. En su gira por la zona afectada, Sheinbaum evitó el reproche frontal, pero dejó claro su mensaje: el desastre no sólo se mide en milímetros de lluvia, sino en toneladas de incompetencia. Nahle y Osorno deberán rendir cuentas, aunque no están solas. Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla exhiben el mismo patrón: burocracias dormidas, atlas de riesgo obsoletos y sistemas de Protección Civil convertidos en oficinas decorativas.  Ayer, en su mañanera, la presidenta Sheinbaum consideró mezquino buscar culpables. Dijo que los mandatarios ahí estuvieron y actuaron. Sin embargo, cerró con una frase lapidaria: una vez superada la emergencia, se hará un balance completo.  No es para menos, en cada estado, la historia se repite: los gobernadores esperan que la Defensa Nacional y la Marina lleguen y actúen, mientras ellos ensayan discursos de condolencia. El famoso Plan DN-III siempre está antes que los mandatarios. En el diagnóstico que circula en el gobierno federal, la conclusión es contundente: los gobiernos locales no previenen, no coordinan, no aprenden. Son reactivos, no proactivos. Y cuando la lluvia cae, el caos político se desborda, porque en México, los desastres naturales no avisan… pero los desastres políticos, se reeligieron. 

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EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, que encabeza Néstor Vargas Solano, solicita un presupuesto para 2026 que ronda los 86 mil millones de pesos, equivalente al gasto anual del estado de Oaxaca.  Sin embargo, desde la Secretaría de Hacienda, que dirige Édgar Amador Zamora, ya les avisaron que tienen previsto darles 70 mil millones, monto muy similar a lo que ejercerán este 2025. Y si fuera así, desde el Poder Judicial quieren que al menos les incrementen el equivalente al índice inflacionario. El monto solicitado, que incluye al órgano de Administración, así como a la Suprema Corte, que preside Hugo Aguilar, y el Tribunal de Disciplina, de Celia Maya, incluye ajustes en salarios y prestaciones de las y los nuevos juzgadores.  También rebajas a los sueldos de 234 mil que reciben los ministros “jubilados” así como el de 14 viudas y el personal de apoyo que tienen todos ellos. Viene un ajuste importante.  *** Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Gobernar no es posar con tenis limpios, es embarrarse por la gente”. POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO   [email protected]                                           @ALFREDOLEZ