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El fraude sería hasta por 700 millones de pesos
12:58 lunes 29 enero, 2024
San LuisJosé Luis Ruiz Contreras titular de la Fiscalía General del Estado informó que se giraron siete órdenes de aprehensión en contra de siete personas, tres servidores públicos, una servidora pública y cuatro exfuncionarios, por el presunto desvío hasta de 700 millones de pesos en la Dirección de Pensiones del Gobierno del Estado.
Las órdenes de aprehensión fueron obsequiadas por un juez de control y Tribunal de Juicio Oral en contra de Ricardo ‘N’, tesorero de la Dirección de Pensiones, Arturo ‘N’ gerente y representante legal de una institución bancaria, Ana Lilia ‘N’, Manuel ‘N’, Juana Patricia ‘N’, quien actualmente es servidora pública, Ana Paola N. y Neftalí N. esposo de esta última persona detenida. A estas siete personas se les atribuyen los delitos de ejercicio abusivo de funciones públicas y peculado, derivado de las acciones que se generaron en una de las diversas carpetas de investigación que tiene la FGE a su cargo y respecto de los hechos con apariencia de delito que en noviembre fueron denunciados por parte de la Dirección de Pensiones. “El monto que hoy se les atribuye por concepto de reparación del daño, es de aproximadamente 200 millones de pesos, monto que a la postre durante la investigación y esto derivado de las acciones que se implementaron dentro de las carpetas de investigación, podrán ascender, que es la expectativa que se tiene, de aproximadamente 700 millones de pesos que fueron desviados de las arcas de la Dirección de Pensiones”. De acuerdo a las investigaciones, los manejos se originaron desde el área de Tesorería, en donde se encontraba la facultad de administrar y tener acceso a las cuentas bancarias de la propia dirección. Solamente se tenían autorizadas las aperturas de cuatro cuentas maestras, sin embargo, del 2020 a parte del 2023, se fueron aperturando más de 60 cuentas en la misma institución bancaria, detalló Ruiz Contreras. “Más de 60 cuentas en las que se fue dispensando el dinero a una cuenta, a otra, triangulándola con la finalidad de que llegara a manos o a incrementar el patrimonio de particulares, pero también de prestadores públicos de la propia Dirección de Pensiones”. El incremento de patrimonio de particulares derivó de una maquinación del personal de Pensiones en contubernio con personal de al menos una institución bancaria, en donde se hizo uso de documentos apócrifos, en donde se le notificó al director de Pensiones que contaba con un saldo de más de 700 millones de pesos en sus cuentas bancarias, cuando en realidad sólo contaba con 6 millones de pesos, detalló el fiscal. De esas cuentas irregulares, trasladaron el dinero a cuentas de personas particulares para incrementar el patrimonio, pero también a cuentas de una persona moral de razón social Trapeza, la cual recibió 153 millones de pesos: “lo que ha generado la detención de al menos siete personas, el cateo que se está llevando en estos momentos en sus domicilios, se está generando la información también con la Comisión Nacional Bancaria”. El personal de Tesorería que se desempeñaba en la institución desde el 2009 hasta el año 2023, generó las condiciones propicias para generar el incremento de su patrimonio, en poco más de 200 millones de pesos, con una posibilidad de incrementar hasta 700 millones de pesos. Estas personas están siendo trasladadas ante el Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral para el desarrollo de la audiencia inicial este 29 de enero, donde se deberá de resolver su situación jurídica en tres o seis días.
El origen de los recursos que se desviaron son las retenciones que se hicieron a derechohabientes, los cuales autorizan que se genere una retención de sus ingresos a la Dirección de Pensiones, para gozar de ese recurso una vez que se retiran. “De manera indebida dispusieron recurso para inversión, para desviarlo de manera directa a una persona moral, sin que tuvieran una relación u obligación de transmitir esas cantidades de dinero a esta persona moral, si tenía otras obligaciones de retener las mensualidades que derivaban de un crédito hipotecario al cual habían accedido los derechohabientes, pero una cantidad mucho menor que se estuvieron trasladando en el transcurso del tiempo de Pensiones a la institución bancaria y de la institución bancaria a las personas físicas y morales”.