La fiscal general del estado, Manuela García Cázares, expresó su expectativa de que la marcha del 8 de marzo se desarrolle con tranquilidad y sin mayores afectaciones para las instalaciones de la institución.

La titular de la Fiscalía señaló que confía en que las manifestaciones transcurran de manera pacífica, particularmente en lo que respecta a la sede de la dependencia, en un contexto donde cada año colectivos feministas salen a las calles para exigir justicia ante los casos de violencia de género en la entidad. No obstante, la propia fiscal reconoció que la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer es la que concentra el mayor número de casos en todo San Luis Potosí. Aunque destacó el trabajo que se realiza en esa área, admitió desconocer el número exacto de carpetas judicializadas por delitos relacionados con violencia contra mujeres, al argumentar que las cifras se actualizan constantemente. San Luis Potosí mantiene activa la Alerta de Violencia de Género declarada en 2017 en varios municipios del estado. En 2024, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) autorizó el levantamiento de la medida en tres municipios, decisión que fue respaldada por autoridades estatales al señalar avances en el cumplimiento de acciones. Sin embargo, colectivos y activistas han advertido que la violencia contra las mujeres sigue siendo una problemática estructural en la entidad. Dependencias estatales reportan la atención de alrededor de 200 casos mensuales de violencia de género, mientras que las carpetas de investigación por delitos sexuales y violencia familiar continúan representando una carga importante para el sistema de justicia. En este escenario, las movilizaciones del 8M no solo conmemoran la lucha histórica por los derechos de las mujeres, sino que también visibilizan exigencias locales relacionadas con la eficacia institucional, la judicialización de casos y la permanencia de mecanismos como la Alerta de Violencia de Género.

Mientras la fiscalía espera una jornada “sin mayores afectaciones”, organizaciones civiles reiteran que las manifestaciones responden a una demanda persistente de justicia y resultados concretos frente a la violencia que enfrentan mujeres y niñas en el estado.