En el marco de las entrevistas realizadas por Fundación Renace, denominadas “Ecos del Documental”, expertos avalaron la iniciativa presentada el pasado 9 de marzo, ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí, por el presidente de esta fundación, José Mario de la Garza Marroquín, para que se indemnice con un día de salario mínimo por cada día que una persona estuvo encarcelada injustamente. El director del Instituto de Justicia Procesal Penal, Javier Carrasco Solís, consideró que el Estado asumirá mayor responsabilidad sobre los errores que comete hasta que se apruebe una indemnización para las personas encarceladas injustamente, sin embargo, agregó que el dinero debe sacarse del presupuesto de la entidad pública que haya cometido el error para que, de esa forma, empiecen a resolver esas problemáticas internas. El experto también consideró que debe revisarse la figura de prisión preventiva oficiosa dado que significa un incentivo para que la Policía no investigue ya que, al encarcelar a una persona aparenta estar dando resultados en el combate a la inseguridad y ya no es necesario seguir investigando, dado que ya hay una persona en la cárcel pagando por un delito que no se sabe si realmente cometió. El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz, también avaló la iniciativa de indemnizar a personas que han sido encarceladas injustamente, sin embargo, dijo que ese recurso no debe pagarse del erario, sino del bolsillo de las personas que cometieron el error. Cossío Díaz mencionó que también se debe voltear a ver a las fiscalías y a las Policías, dado que no se están haciendo investigaciones eficientes de los delitos, lo que ha generado que la reforma al sistema penal acusatorio en México haya quedado incompleta, ya que solo se preparó a jueces, ministros y magistrados. La cofundadora de La Cana, Raquel Adriana Aguirre García, lamentó que la sociedad aplaude que haya personas encarceladas, cuando en realidad la prisión no resuelve el problema de inseguridad, por lo que más bien debería apostarse por la justicia restaurativa y dijo que seguramente muchas víctimas prefieren que se les repare el daño en lugar de ver a una persona en prisión. Una de las primeras acciones que debería tomarse cuando una persona sale de la cárcel, afirmó la cofundadora de La Cana, es garantizarle un empleo, dado que la principal necesidad que tiene una persona que salió de prisión tiene que ver con recursos económicos para sobrevivir. El rector de la Escuela Libre de Derecho, Ricardo Antonio Silva Díaz, coincidió en que se debe garantizar una indemnización a las personas que han sido indebidamente encarceladas, aunque también debe replantearse el papel del abogado en la sociedad, ya que reconoció que la abogacía se ha convertido en un negocio, muchas veces a costo de cualquier tema ético. La iniciativa presentada el pasado 9 de marzo establece que la indemnización que se pagará a las personas que estuvieron en la cárcel y al final obtuvieron sentencia absolutoria podrá cobrarse en la Secretaría de Finanzas por parte del afectado y el recurso para pagarlas deberá contemplarse dentro del Presupuesto de Egresos del Estado.