Posterior a la tragedia en plaza Alttus afuera del centro nocturno Rich, se esperaba que de manera voluntaria aquellos funcionarios que hubieran estado involucrados en las omisiones que detonaron el colapso del barandal dimitieran voluntariamente de su cargo y no que pasaran meses para que los retirara el Ayuntamiento, señaló en entrevista Ramón Infante Guerrero, padre de uno de los jóvenes que fallecieron en dicho accidente.

Por ello, criticó que, hasta el momento, algunos funcionarios del Gobierno Estatal que presuntamente están involucrados no hayan renunciado hasta el momento a su cargo.

En adición, externó que la Contraloría del Estado no ha dado resultados o pronunciamientos respecto a las responsabilidades indirectas que llegaron a tener funcionarios que, aun sabiendo el estatus de la plaza y del centro nocturno, no han recibido ninguna penalización o destitución.

"Ahí está quedando ese hueco, ahí está quedando a deber el Gobierno del Estado", puntualizó.

Por ello, exigió que se lleve a cabo un pronunciamiento por los carentes resultados y pronunciamientos que se han realizado, además de las nulas resoluciones de parte del Sistema Estatal Anticorrupción, del cual renunció hace algunos días.

Aseveró que, como padre de familia, ninguna de las acciones que se han realizado han sido suficientes como resarcir el daño, no solamente el de su caso, que perdió a su hijo en el accidente, sino también de aquellos que quedaron lesionados y tendrán secuelas en su salud de por vida.

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Por ello, enfatizó que están a la espera de la sanción legal hacia quienes resulten involucrados, mismos que serán establecidos por la investigación que está realizando la Fiscalía del Estado, en las cuales se ha tomado en cuenta a funcionarios municipales, estatales y propietarios de la plaza y el centro nocturno.