Familiares, amigas, amigos y diferentes colectivos de mujeres de Puerto Vallarta, se manifestaron en la Fiscalía Regional del Estado de Jalisco en la ciudad, para exigir justicia para Cassandra del Rosario Rojas Aréchiga quien fue privada de su vida presuntamente por Osvaldo “M”, un ex servidor público y ex pareja sentimental, en el mes de diciembre del 2020.

Una integrante del colectivo Familias Unidas contra el Feminicidio, señaló que Cassandra, en el 2020, cumplió tres años de laborar en la Fiscalía Regional del estado de Jalisco en Puerto Vallarta.

“Cassandra en el 2020 cumplió tres años laborando en la Fiscalía Regional del estado de Jalisco. El 8 de diciembre del 2020 asistió a una posada organizada para el personal de la costa norte de la Fiscalía del estado de Jalisco, en esa reunión también se encontraba Osvaldo “M”, quien también era policía investigador y con quien Cassandra había tenido una relación sentimental, que solo duro 3 meses, ya que ella decidió poner fin a la relación, porque Osvaldo le demostró ser una persona extremadamente celosa y agresiva.

Durante la posada, se le vio a Cassandra y a Osvaldo “M” discutir, pasadas unas horas, alrededor de las 4 de la mañana del día 10 de diciembre del 2020, Osvaldo dio aviso a las autoridades de que ella se había disparado en la cabeza en el interior de una camioneta”.

En un comunicado de prensa, la Fiscalía estaba investigando el caso como suicidio, sin embargo, durante 959 días la familia y amigos de Cassandra fueron su voz y pelearon para que el caso se investigara como feminicidio, tal como lo expresó la integrante del Colectivo Mujeres Puerto Vallarta.

“Fue hasta el 8 de junio del 2023 que durante la sesión de mesa de diálogo con víctimas indirectas de feminicidios, el fiscal especial regional, maestro José Alberto Mora Trujillo, le notificó a la familia de Cassandra y a su asesor jurídico, que se reclasificaría la muerte violenta de Cassandra a feminicidio y se realizarían los procedimientos correspondientes para detener a Osvaldo M”.

En ese sentido,  exigen a la Fiscalía del estado de Jalisco que garantice el desahogo de todos los medios de prueba durante la audiencia, a fin de que el imputado sea vinculado a proceso y se le dicte prisión preventiva oficiosa, además de que realice todas las diligencias con perspectiva de género que sean necesarias para complementar las investigaciones.