La senadora por Zacatecas, Geovanna Bañuelos y el senador Miguel Ángel Lucero Olivas, piden privilegiar la vida y seguridad de pasantes de medicina que prestan su servicio en comunidades con alta incidencia delictiva. En un punto de acuerdo que será presentado a la Comisión Permanente esta semana, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) y el legislador por Durango condenaron enérgicamente el asesinato del pasante Eric Andrade y exhortaron a la Fiscalía General de Durango a realizar las investigaciones pertinentes para el deslinde de responsabilidad y garantizar justicia. Asimismo, pidieron a las Secretarías de Salud (SSA), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y sus homólogas en las 32 entidades federativas, fortalecer los protocolos de prevención de violencia para garantizar la seguridad de médicos pasantes. Y llamaron a fortalecer las medidas de seguridad en las unidades médicas, así como en los espacios de residencia de los prestadores de servicio social en las comunidades en las que son asignados. En el documento que será inscrito en la Gaceta Parlamentaria de este miércoles, los legisladores del Partido del Trabajo (PT) pidieron a las autoridades entablar un diálogo con las instituciones educativas para realizar un diagnóstico sobre las problemáticas que enfrentan los prestadores de servicio social a fin de fortalecer el esquema en beneficio de los derechos de los prestadores y las comunidades. Geovanna Bañuelos destacó que, el asesinato del médico Erick Andrade Ramírez, y de la doctora Massiel Mexica asesinada en Chihuahua, muestran claramente que los protocolos vigentes son insuficientes para proteger la vida de quienes prestan su servicio en comunidades lejanas o amenazadas por el crimen organizado. Los legisladores petistas lamentaron que, estos no sean casos aislados en contra del personal médico. “Cabe recordar lo sucedido con Luis Fernando Montes de Oca Armas, alumno de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, quien fue asesinado el año pasado en Valparaíso, Zacatecas, luego de que se trasladó de Huejuquilla, Jalisco, donde realizaba su servicio social, a la ciudad Fresnillo para internar a una mujer en labor de parto”.  Además, también está el caso de Mariana Sánchez, quien en enero del año pasado fue hallada muerta, luego de sufrir hostigamiento y abuso sexual, mientras realizaba su servicio social en una clínica de Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo, Chiapas. “Es innegable el contexto de inseguridad en el que ejercen los médicos pasantes, y este problema, además de perjudicar a familiares y seres queridos, trae consecuencias para las comunidades que sufren por la falta de profesionales de la salud”, señalan.