Directores de áreas de la pasada administración estatal, donde se habría dado la presunta contratación de aviadores, debieron notificar la situación, pues de lo contrario, se habría incurrido en una omisión, explicó el experto jurídico, Jorge Chessal Palau.  Luego de que la actual gestión del gobierno denunció que tras el proceso de entrega-recepción se detectó que en la administración carrerista se incluía en la nómina personas que ni siquiera sabían que “trabajaban” en la administración pública. En este sentido, el abogado explicó que, de confirmarse este hecho se podrían fincar responsabilidades administrativas, pero también penales, tanto a exfuncionarios que incorporaron a las personas a la nómina, así como a quienes liberaban el recurso para cubrir estos salarios.  Sin embargo, también apuntó que, en el caso de que una de estas personas estuviera asignada a una dependencia, el encargado de la misma debió notificarlo pues, aunque este no la hubiera asignado, sí se podría constituir como omisión el no notificarlo y por ende, se podría hacer acreedor a una sanción administrativa, aunque no penal. Respecto de las observaciones que la Auditoria Superior del Estado (ASE) realizó a la cuenta pública 2020 del gobierno del estado, Chessal Palau expuso que se podrían imponer sanciones administrativa a los funcionarios responsables de confirmarse irregularidades como multas o inhabilitación, aunque también recordó que existe la figura de responsabilidad resarcitoria, es decir, donde el Estado reclama que se le reintegre dinero que se habría gastado de manera indebida por parte del servidor públicos. “En el cual se determina el reporte de la reparación y ese importe se constituye en un crédito fiscal de manera que se ejecuta como los créditos fiscales, con órdenes de embargo, sobre el patrimonio de los servidores públicos que debieron ser responsables”, agregó.