La libertad de expresión y el derecho a la información están en peligro.

El gobierno de Morena quiere controlar dónde sí y dónde no te puedes informar.

Con el pretexto de proteger el “derecho de las audiencias”, han publicado una serie de lineamientos con los que buscarán tener bajo amenaza a medios de comunicación críticos e incómodos.

Pero van más allá. No solo intentan controlar a los medios, sino que pretenden darse licencia para definir qué sí y qué no es noticia. Ellos dictarán las reglas de qué y cómo se informa, y calificarán la veracidad de lo que se dice.

Esos lineamientos, no son cosa aislada. Forman parte de algo más grande: la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Cuando desapareció, se perdió toda autonomía.

Ahora, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones no es un órgano autónomo o independiente: es parte del Ejecutivo.

El proyecto que se propone -y se publicó el pasado viernes por la noche- manipula el concepto de “derechos de las audiencias” para presentar como “logro social” lo que son restricciones a los medios independientes.

Quieren desaparecer al periodismo libre para administrar narrativas afines al gobierno y a su partido. Buscan control inmediato sobre los contenidos, para imponer un modelo ideológico y hacer desaparecer coberturas incómodas.

En el absurdo, los mismos actores que construyen la infraestructura de datos y vigilancia del país quieren controlar los medios que informan sobre ella. Todo el control en unas pocas manos. De la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que tiene a su cargo la identidad digital, la autenticación por CURP y el análisis de datos de la Administración Pública Federal, depende el regulador que pretende evaluar la veracidad de las coberturas periodísticas.

No hay que darle vueltas: esto es censura disfrazada. El objetivo no es regular. Es inhibir.

El tema se había venido anticipando hace meses. Si las versiones y discusiones previas habían generado preocupación entre medios, periodistas y especialistas por el riesgo de que, bajo el argumento de proteger los derechos de las audiencias, se sobrerregulen contenidos y se limite la independencia editorial, lo que se propone confirma lo que inquietaba.

Claro que es legítimo establecer reglas sobre accesibilidad, transparencia publicitaria, derecho de réplica y atención de quejas, pero es inadmisible utilizar esos derechos para supervisar la línea editorial de los medios.

En serio, ¿el gobierno va a tener la facultad de etiquetar como “falsa” información que le sea incómoda?

La preocupación no surge de la nada: con los gobiernos de Morena han habido señales de una tentación sistemática de descalificar y censurar a los medios que cuestionan al poder. La última, apenas la semana pasada: el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, propuso un catálogo de medios que lo cuestionan para no responder sus preguntas.

No nos equivoquemos: proteger a las audiencias también significa garantizar su derecho a recibir información plural, crítica e incómoda para el poder. Y esa protección no puede convertirse en un pretexto para que el gobierno determine qué información es verdadera, qué opiniones son aceptables o qué contenidos deben modificarse. Eso no es más que un exceso.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

COLABORADOR

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