Ni en San Luis Potosí ni en ninguna parte de México está autorizada la venta de vacunas contra la covid-19 y es un crimen que atenta contra la población más vulnerable: los niños, señaló Manuel Galván Arroyo, presidente del Clúster de Turismo Médico de San Luis Potosí. Recordó que en San Luis Potosí desafortunadamente ya se han detectado dos casos de venta clandestina de vacunas en el estado y se han registrado 173 denuncias de personas que han comercializado pruebas covid apócrifas que no están autorizadas por Coepris. “Desde el 2020 que empezó esta terrible pandemia ha habido gente aprovechada, pero ahora se ha exacerbado más, hay personas que venden productos de salud que están regulados y hay otros que han timado con las vacunas, esto es delito (…) no se pueden comercializar las vacunas, por lo menos en México y en gran parte de los países asociados a la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, enfatizó. Explicó que las vacunas continúan en fase de pruebas, se siguen mejorando y es de uso exclusivo para aplicación gubernamental, “esto está regulado no existen clínicas privadas, ni empresas, que puedan comprar vacunas para el uso común o comercial, si llegara a suceder esto es un fraude”, aseveró el especialista. Galván Arroyo añadió que por el momento todavía no se va aplicara la vacuna a menores de 12 años y de 5 años y hay que esperar a que el Gobierno federal y Estatal anuncien el cómo, cuándo y dónde se puede vacunar a cualquier persona.

Agregó que, aunque la Coepris ha hecho un excelente trabajo en la supervisión de aplicación de vacunas y regulación de venta en pruebas par detección de covid, tienen la limitación del personal por lo que es importante denunciar. Finalmente comentó que para evitar este tipo de fraudes es necesario que comience la apertura de la vacunas con la iniciativa privada pero reguladas por el gobierno, “es un buen momento para que los privados y el sector público hagan un esfuerzo en común, pero no tendría nada que ver con estas personas que siempre van a hacer fraudes con o sin apoyo gubernamental”.