Entre febrero y agosto de 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum entregó a Estados Unidos a 55 narcotraficantes mexicanos sin que, hasta hoy, se conozca con claridad la ruta legal ni el sustento jurídico de esas operaciones. 

Lo que el oficialismo presentó como “decisiones soberanas” se percibe, en los hechos, como una cesión silenciosa de soberanía judicial. 

En teoría, la cooperación entre México y EU en seguridad debería caminar por el cauce del Tratado de Extradición de 1978. Pero estas 55 entregas —realizadas en dos operaciones masivas y de alto sigilo— abren una grieta delicada: ¿puede un gobierno transferir personas sin un debido proceso plenamente verificable? 

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, y otros legisladores exigieron información. Nadie ha confirmado bajo qué figura se “depositó” a esos criminales en manos estadounidenses. 

Ni la FGR ni Relaciones Exteriores han rendido cuentas con detalle. Lo poco que se ha explicado se amarra al argumento de “seguridad nacional”, como si esa etiqueta bastara para tapar vacíos y responsabilidades. 

Hace unos días, la presidenta Sheinbaum aseguró que se trató de extradiciones derivadas de un “convenio bilateral”. 

Sin embargo, expertos sostienen que no hubo un proceso formal. Se entregaron y punto, lo que deja ver más una expulsión política con envoltura legal que una cooperación judicial. 

El problema no es la suerte de los delincuentes —pocos llorarán por Joaquín “El Chapo” Guzmán, Rafael Caro Quintero, “El Mayo” Zambada o “La Tuta” Gómez—, sino el precedente: si el Estado puede saltarse garantías con ellos, ¿qué impide que mañana el atajo se normalice con otros? 

A esto se suma el silencio posterior. Abogados de algunos prisioneros han denunciado tratos crueles en cárceles de máxima seguridad. 

México responde con una frase cómoda: “tienen protección consular”. Pero no se sabe qué acciones se han realizado para evitar condiciones degradantes. 

Los expertos advierten que, sin extradición formal, podrían enfrentar cargos distintos o juicios múltiples, vulnerando el principio de non bis in ídem, e incluso quedar expuestos a cadena perpetua o pena de muerte. Si eso ocurre, el gobierno mexicano no podrá lavarse las manos. 

Y queda la pregunta incómoda: ¿qué obtuvo México a cambio? Washington no da nada gratis. Según The Wall Street Journal, se valora un “tercer envío” para 2026, señal de que el mecanismo podría volverse costumbre. EU gana inteligencia y control; México presume cooperación. 

Al final, los 55 ya están del otro lado. Lo que no cruzó con ellos fue la transparencia. Y cuando el Estado confunde eficacia con opacidad, lo que termina extraditado —sin proceso ni apelación— es la confianza pública. 

Mientras tanto, EU presume “guerra” contra el narco, pero en los hechos administra el negocio: exige capos, acumula expedientes y busca información, mientras su mercado sigue siendo el gran motor de la demanda, el dinero y las armas. 

Más que justicia, Washington opera como ventanilla de control: se lleva piezas del tablero, pero no toca la maquinaria que le conviene. Y mientras México pone los muertos y maleantes, EU capitaliza el discurso, la inteligencia… y la narrativa. 

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EN LA 4T YA DAN POR HECHO que no habrá marcha atrás y en San Luis Potosí habrá un pacto silencioso entre Morena y el Partido Verde para que el gobernador Ricardo “El Pollo” Gallardo se salga con la suya e imponga a su esposa Ruth González como candidata al gobierno de la entidad, en 2027. 

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POR TEMPORADA VACACIONAL, A Fuego Lento se tomará unos días descansando. Nos leemos el 5 de enero. 

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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Feliz Navidad: que el 2026 te dé paz… y el gobierno no te la cobre”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO  

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@ALFREDOLEZ