Las relaciones entre Estados Unidos y México parecen estar en un momento de animación suspendida, a la espera de que algo suceda. Es una situación derivada de momentos, como los cambios en octubre de la Secretaría de Economía y equipo negociador en México, y especialmente de las elecciones legislativas estadounidenses del pasado 8 de noviembre. Los primeros obligaron a diferir contactos. Las segundas, pintaban como un desastre para el gobierno del presidente Joe Biden sobre la base de una economía atribuida por la inflación, problemas en sus cadenas de suministro y la propaganda republicana sobre visiones de inseguridad fronteriza, debido a migrantes y peticionarios de asilo centroamericanos y venezolanos procedentes de México. El desastre no ocurrió y se prevé que la relación bilateral salga de su actual quietud para avanzar sobre varios frentes. Para empezar, algo debe ocurrir durante la cumbre norteamericana, el próximo diciembre –o tal vez en enero de 2023–, en la que se espera que Biden y el premier canadiense Trudeau traten de convencer al presidente Andrés Manuel López Obrador de llegar a arreglos en torno a la debatida reforma de leyes de energía de México, que muchas empresas y sus aliados en los gobiernos de esos países consideran discriminatoria. AMLO no está "desarmado" y más allá de su ideológica defensa del nacionalismo energético y gestos conciliatorios, como el impulso a proyectos vinculados con la energía solar y la explotación del litio en Sonora, tiene una carta políticamente importante: la llave de la migración. Pero es una herramienta a usarse con cuidado extremo. Por un lado, mucha de la popularidad de López Obrador entre los migrantes mexicanos es su demanda por la regulación de los indocumentados en EU, pero también hay preocupación por la incesante llegada de nuevos peticionarios de asilo, a través de la frontera con nuestro país. Que dos gobernadores republicanos considerados nacionalistas, como el texano Gregg Abbott, y el floridano Ron DeSantis, hayan sido reelectos fácilmente puede ser una señal de la opinión entre muchos estadounidenses, incluso de orígenes cubano y mexicano. Así, las sospechas son de que habrá maniobras y negociaciones antes que se llegue a marzo de 2023, mencionado por muchos en Washington como el momento cuando se hará la convocatoria a paneles de arbitraje entre el gobierno mexicano y las empresas afectadas por leyes retroactivas y violatorias del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Se sabe que el gobierno de AMLO ha buscado resolver las quejas de inversionistas de EU y que el propio mandatario ha sostenido encuentros personales con varios de ellos. Lo cierto es que en una relación tan compleja como la de Estados Unidos y México nunca hay momentos de real marasmo, y ensayo cuando economías y sociedades marcan nuevos impulsos a la regionalización, pero retos a nacionalismos.  POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS