El reciente tiroteo en la Escuela Católica de la Anunciación en Mineápolis, que dejó dos niños muertos y 21 heridos, ha detonado un nuevo frente en el ya polarizado debate sobre el control de armas en Estados Unidos.

Tras confirmarse que la atacante, Robin Westman, era una mujer trans, la Administración Trump comenzó a explorar vías legales para restringir el derecho de las personas transgénero a poseer armas de fuego.

La propuesta, revelada por CNN, pretende vincular el acceso a armas con evaluaciones de salud mental específicas para personas con disforia de género, lo que ha generado controversia en el país.

De acuerdo con el Proyecto de Prevención de la Violencia, el 98 por ciento de los perpetradores de tiroteos masivos en EU son hombres, mientras que menos del 1 por ciento son personas trans.

Según un funcionario del Departamento de Justicia citado por CNN, la propuesta busca “garantizar que las personas con enfermedades mentales que sufren disforia de género no puedan obtener armas de fuego mientras se encuentren inestables y enfermas”.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de considerar la disforia de género como enfermedad mental en 2018, lo que podría complicar los argumentos legales.

Expertos advierten que cualquier limitación enfrentará retos judiciales, ya que la ley federal exige que un juez declare a alguien mentalmente “defectuoso” antes de quitarle su derecho a portar armas. GLAAD, una de las principales organizaciones de defensa de los derechos LGBT+, criticó la medida al señalar que “en lugar de soluciones reales, la administración está utilizando a la comunidad transgénero como chivo expiatorio”.

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, también rechazó los ataques contra la comunidad trans:

Cualquiera que esté aprovechando esta situación para demonizar a nuestra comunidad trans o a cualquier otra comunidad, ha perdido su sentido de la humanidad común”, dijo.

La administración de Donald Trump ya ha implementado medidas que afectan a las personas transgénero, como la prohibición de su participación en el servicio militar y en competiciones deportivas financiadas por el Estado. Para organizaciones civiles, esta nueva propuesta representaría una escalada en la restricción de derechos.

El debate mezcla tres temas sensibles: salud mental, seguridad pública y derechos constitucionales. Mientras algunos sectores apoyan la medida como una respuesta para prevenir nuevos ataques, otros advierten que podría abrir la puerta a políticas discriminatorias y violar la Segunda Enmienda.

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Por ahora, las discusiones se encuentran en una etapa preliminar, pero el tema promete intensificar la ya polarizada conversación sobre armas en Estados Unidos y la situación de las minorías de género.

Con información de Excélsior