Sin conocer qué dependencia regularizará las emisiones contaminantes, qué empresas están sujetas al pago del gravamen, ni a dónde se canalizará el recurso de este impuesto ambiental, se aprobó la Ley de Ingresos 2024 que incluye una nueva carga tributaria que puede afectar desde micro empresas hasta grandes factorías y eliminar la posibilidad de futuras inversiones, ya que ha provocado mucha incertidumbre por su aplicación en abril próximo, al existir un riesgo de extorsión, ya que el impuesto deja muchas dudas y no especifica 'practicamente nada', coincidieron los empresarios Enrique Villafuerte, y Luis Gerardo Ortuño, presidentes de UUZI y Coparmex, respectivamente.  “No quedó con toda claridad. Nunca fuimos tomados en cuenta, y ahora no sabemos cómo se va hacer, y qué se va hacer con la recaudación”, señaló en Altavox Enrique Villafuerte. Los empresarios refirieron que al no especificar el tonelaje ni la medida que se tomará, están en la incertidumbre del cobro que iniciará en abril: “estamos a la buena de Dios, estamos a ver qué dependencia y qué criterio utilizarán, si no está escrito, pues sí, quedamos a la buena de Dios”, dijo el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial. Tanto Villafuerte como Ortuño aseveraron que es necesario mejorar la calidad del aire, por ello dijeron no estar en contra de medidas para mitigar la contaminación, siempre y cuando sea clara y no afecte al consumidor final, “confío en las instituciones en mesas de diálogo, porque la ley quedó tan abierta, que hasta podríamos resultar extorsionados”. En la creación de este impuesto, no se hizo una contraprestación, es decir, no se dio incentivos a los contribuyentes; en voz del diputado Mauricio Ramírez Konishi, se conoció con muy poco de la integración que hizo el Ejecutivo en este impuesto, por tanto, ahora que queda en un tema meramente recaudatorio. “No sabemos a quién le va a afectar: a una rosticería, a una tintorería, un hospital a quién va afectar esta ley”. Al respecto, el legislador comentó que se solicitó la lista de empresas que emiten más emisiones contaminantes y no se ofreció, sólo se dijo que en San Luis Potosí son las ‘empresas agroindustriales’, y son éstas las más afectadas por la sequía, y por tanto un impuesto mal ejecutado podría llevar a la quiebra a productores, coincidieron. El empresariado se verá imposibilitado para cumplir con la ley si ésta permanece con esta ambigüedad, finalizaron.