Las mujeres en San Luis Potosí hemos visto pasar administraciones de gobierno, tanto municipales como estatales, sin que haya una agenda clara de las acciones a favor de alcanzar la igualdad plena de hombres y mujeres. El gabinete del gobernador Ricardo Gallardo Cardona integró a una activista por los derechos de las mujeres en el Instituto de las Mujeres del Estado, lo que es una buena señal para el diseño de estrategias y política pública encaminada a disminuir las brechas de desigualdad. El IMES requería no sólo porque la ley así lo establece, sino por tener a una persona que conociera del tema, todas las anteriores directoras han llegado a aprender, esa curva de aprendizaje tomó para algunas hasta un año. Debe contar con mujeres preparadas y capacitadas para las áreas donde deben atenderse, acompañar y apoyar a mujeres que viven violencia, así como en las áreas que atienden casos de asistencia social. Alcanzar la paridad en el gabinete es crucial para conformar una estrategia clara de gobierno con perspectiva de género. Es importante que Ricardo Gallardo trabaje para atender la Alerta de Violencia de Género, con el objetivo de atender, disminuir y erradicar la violencia feminicida. El feminicidio es un tipo de violencia producto de actos de discriminación y marginación que han colocado a las mujeres en una desventaja histórica. La percepción de impunidad está arraigada en las propias cifras de las autoridades, por ejemplo en San Luis Potosí al mes de julio de 2021 se tienen registrados 62 delitos de muertes violentas de mujeres, de ese total 17 están clasificados como feminicidios y el resto, es decir 45, como homicidios. De ese número, 44 siguen en investigación y 18 han sido esclarecidos. Estas cifras, nos muestra la ausencia una estrategia clara en la política pública para prevenir las diferentes formas de violencia que padecen las mujeres, no se ha podido frenar la violencia familiar, que atentan contra la libertad y la seguridad sexual de las mujeres como son delitos sexuales, hostigamiento, acoso, violación.  Las mujeres necesitamos personas aliadas para contener la violencia feminicida, por supuesto que requerimos de hombres que rechacen cualesquiera actos de discriminación como una forma de convivencia con nosotras. Ese es un tema pendiente en la agenda de la administración pública, trabajar con las masculinidades no hegemónicas.  Por otro lado, es importante reforzar el acompañamiento y atención que se les brinda a las mujeres que han denunciado la violencia familiar, que se le garantice una estancia segura que evite que el agresor pueda hacerle daño a ella y a sus hijos. Los Centros de Justicia para las Mujeres deben mejorar su atención y el número de usuarias, por lo que es imperativo una coordinación precisa con la Fiscalía General del Estado y los refugios que están a cargo de organizaciones de la sociedad civil.  Otro de los aspectos claves, será que la Fiscalía Especializada de Violencia contra las mujeres tenga el apoyo necesario para contar con las Ministerios públicos que sean necesarios de los delitos de las investigaciones, y que ante el paso del tiempo para concluir las investigaciones y dar con el responsable del delito, que generalmente se sabe quién fue, por tanto, las personas desconfían de la credibilidad de las autoridades responsables de investigar. Hay estrategias que es importante se revisen como es la revisión de los protocolos de investigación pertinentes al nuevo sistema de justicia penal, para que se aplique en todos los casos de muertes violentas de mujeres. Implementar esquemas claros para medir el riesgo que viven las víctimas, con protocolos de valoración del riesgo que eviten que una mujer pueda ser víctima de un feminicidio. Trabajar además en acciones que ayuden a la población en general a entender las causas que originan una muerte violenta, como es la violencia continua y sistemática que muchas víctimas vivieron como antesala del feminicidio.