Los líderes empresariales Luis Gerardo Ortuño, presidente de Coparmex y de la Alianza Empresarial; Imelda Elizalde, presidenta de Canacintra; Leopoldo Stevens Pérez, presidente de la CMIC; Olga Espitia Lanzúa, presidenta de AMPI, así como el diputado Emilio Rosas, coincidieron en la urgencia de replantear el impuesto ambiental en San Luis Potosí, ya que remarcaron que el gravamen requiere ajustes profundos para dejar de ser percibido como una medida recaudatoria y convertirse en un instrumento de impulso a la sustentabilidad. De acuerdo con los planteamientos de la iniciativa privada, el diseño actual del gravamen ha generado incertidumbre entre las empresas, pues no existen reglas claras que aseguren que los recursos recaudados se destinen a proyectos ambientales específicos, por lo que señalaron que, de mantenerse la falta de transparencia, el impuesto corre el riesgo de desalentar la inversión y de perder legitimidad social. Los empresarios recalcaron que lo fundamental es que los recursos obtenidos se apliquen en acciones concretas que mitiguen los efectos del cambio climático, tales como programas de eficiencia energética, financiamiento verde o esquemas de economía circular. Advirtieron que sin un destino definido, el esfuerzo fiscal no tendrá impacto real en la reducción de emisiones ni en la adaptación de la entidad a fenómenos ambientales cada vez más severos. También expresaron que el reto no debe limitarse a que las empresas cumplan con la aportación, sino a que existan incentivos para aquellas que ya invierten en procesos más limpios o en tecnologías sostenibles, para con ello, generar un círculo virtuoso en el que el cumplimiento fiscal vaya de la mano de la innovación y la competitividad empresarial. Los líderes sostuvieron que San Luis Potosí enfrenta un escenario particularmente complejo frente al cambio climático, con temperaturas extremas, afectaciones al ciclo de lluvias y riesgos para la producción agrícola e industrial. Por ello, enfatizaron, es indispensable que el dinero del impuesto se traduzca en proyectos que protejan el agua, la tierra y la salud de la población.  

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Finalmente, insistieron en que el futuro ambiental del estado depende de una verdadera coordinación entre el gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil y reiteraron que la unión es clave para dar certeza al impuesto, eliminar su carácter meramente recaudatorio y consolidarlo como un motor para enfrentar los retos ecológicos de la actualidad.