La Cámara de Diputados recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales. Este documento fue enviado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a través de la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán.  Por lo que, se prevé que estos documentos sean publicados hoy en la Gaceta Parlamentaria y en la próxima sesión ordinaria del martes 14 de octubre se turne a la o las comisiones correspondientes para su análisis y dictaminación.  La Junta de Coordinación Política de este órgano legislativo, informó que será la última semana de octubre cuando se analice de manera general y particular.  “En la cuarta semana de octubre se va a dar su análisis”, señaló.  Con estas normativas se busca garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, además de que se define las responsabilidades de los tres niveles de gobierno en la política hídrica.  En su conferencia matutina, Sheinbaum, puntualizó que se trata de una iniciativa que devuelve el agua como recurso de la nación, y que las concesiones dejan de ser una “mercancía”.

“El agua por la Constitución es un recurso de la nación y se puede concesionar, lo que ya no se va a poder es vender los títulos de concesión, ni tampoco transmitir los títulos de concesión si hay cambio de uso en el agua”, señaló. ¿Qué dice la iniciativa en materia hídrica que envió la Presidenta a la Cámara de Diputados? La iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, enviada por la presidente de México, Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados, tiene “como propósito de retomar y fortalecer la rectoría del Estado en el dominio y administración de las aguas nacionales”. 

El documento señala que, la propuesta de expedición de la Ley General de Aguas, considera esencialmente: delinear las acciones que deben asumir, las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para garantizar el acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico. Además de sentar las bases y modalidades para el acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, así como su interdependencia con otros derechos fundamentales de la persona. De igual forma, plantear reglas claras para la distribución de competencias entre las autoridades federales, las de las entidades federativas y de los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. También incluir un apartado dedicado a fomentar la cultura del agua, a través del cual se busca generar conciencia sobre la importancia que tiene este líquido para la vida y la dignidad de las personas. 

“Promover el uso racional y eficaz de este recurso, así como fomentar una mayor participación social para su conservación… así como el reconocimiento de los sistemas comunitarios de aguas”, refiere. 

Mientras que, en lo referente a las reformas a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) se puntualiza que el Estado Mexicano será el único responsable de regular el uso de agua y desaparecer el régimen de transmisiones de derechos de agua entre particulares. Expone que toda concesión de agua que no sea utilizada para los fines autorizados, debe regresar a la Conagua –organismo que se encargará de revisar su uso- para que ésta decida una mejor distribución y aprovechamiento de ese recurso. Aclara que se incorpora al catálogo de conceptos, el relativo a la responsabilidad hídrica, para reconocer las buenas prácticas que tengan las personas concesionarias o asignatarias y, bajo ciertas circunstancias, sirve como criterio favorable o atenuante en los procesos administrativos. De igual forma, el Registro Público de Derechos de Agua transita hacia un Registro Nacional del Agua, con el objetivo de contar con una herramienta que favorezca el adecuado control y transparencia del régimen de concesiones y asignaciones. Un punto importante, es que se fortalece el procedimiento para detectar usos irregulares del agua y el incumplimiento de obligaciones, así como el régimen de sanciones para inhibir este tipo de conductas. La normativa incluye un catálogo de delitos hídricos, en complemento al esquema sancionador que corresponde a la Conagua. Ejemplo de esto es que, podrían sancionar con 2 millones 262 mil 800 pesos hasta 5 millones 657 mil pesos a quien se ceda por pago en especie o proporcionar de cualquier otra forma a terceros, provisional definitivamente, el uso parcial o total de las aguas materia de los titulos de concesión, asignación o permisos; transmitir los titulos de concesión o los permisos, y cambiar el uso del agua para el cual fue concesionada en contravención de lo dispuesto en esta Ley. Puntualiza que se modifican las reglas aplicables a la determinación del pago de la cuota de garantía, “en aras de erradicar prácticas de acaparamiento y que el agua llegue a quien realmente la necesita y use”. Manifiesta reglas claras aplicables a las concesiones que se otorguen para uso agrario, a fin de garantizar la soberanía alimentaria, reconocer los derechos de las personas titulares y evitar prácticas que distorsionen su objeto. “En suma, con esta iniciativa se busca dar certeza a la actuación de la autoridad y brindar seguridad jurídica a las personas usuarias, privilegiando el interés general. Estas medidas permitirán recobrar la rectoría del Estado en el régimen del agua y tener una distribución más justa de este recurso vital, garantizando a las generaciones, presentes y futuras, el disfrute de este derecho fundamental”, concluye el documento. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H

Con información de El Heraldo de México.