San Luis Potosí, SLP.- Tras el desechamiento en la Comisión de Educación del Congreso del Estado de una iniciativa ciudadana para crear unidades de prevención, atención y detección de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, la abogada y activista Claudia Elizabeth Cuéllar Ochoa anunció que preparan una nueva propuesta para fortalecer los comités de seguridad que ya existen en las escuelas y capacitarlos para realizar estas funciones.

Cuéllar Ochoa, acompañada de la abogada postulante Alejandra Rivera, explicó que la iniciativa fue presentada junto con María Ana Juárez Moreno y Mónica Reynoso Morales. Durante su análisis, el asesor de la comisión señaló que las disposiciones que se pretendían reformar o adicionar ya se encuentran contempladas en el marco jurídico, mientras que la creación de las comunidades y de una comisión interinstitucional implicaría una erogación extraordinaria, por lo que se requeriría una partida presupuestal y una evaluación de impacto presupuestario validada por el Ejecutivo estatal, documento que no fue incluido.

Con base en estos argumentos, el dictamen fue aprobado por mayoría y la propuesta no avanzó en esta instancia legislativa. Ante ello, Cuéllar Ochoa señaló que, si el argumento de las autoridades es que ya existen comités de seguridad en las escuelas, la nueva iniciativa buscará fortalecerlos y capacitarlos específicamente para la detección, prevención y atención de casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Aclaró que estos comités sí existen, pero actualmente tienen otras funciones y no cuentan con atribuciones específicas de prevención; la propuesta sería presentada aproximadamente en noviembre.

Respecto de la falta de presupuesto señalada por la comisión, la activista cuestionó las prioridades de las autoridades y sostuvo que los recursos deben destinarse a la prevención de las violencias, al señalar que niñas, niños y adolescentes representan alrededor del 33 por ciento de la población de San Luis Potosí. También consideró que el desechamiento refleja una falta de sensibilidad, empatía y visión hacia las infancias, así como un enfoque adultocéntrico de las autoridades.

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Por su parte, Alejandra Rivera señaló los costos que enfrentan las familias involucradas en procesos judiciales, al referir que existen peritajes que pueden alcanzar hasta 60 mil pesos, mientras madres y padres buscan principalmente recuperar el contacto con sus hijos. Ambas integrantes de Red Libre, organización que agrupa a más de 30 colectivas, colectivos y asociaciones civiles, hicieron un llamado a abogados, psicólogos y psicólogas para intervenir con perspectiva de género y de infancias, además de garantizar que niñas y niños sean escuchados durante los procedimientos judiciales con acompañamiento especializado.