La ley Sanjuana busca reformar la Constitución del Estado de San Luis Potosí para que no se vuelva a repetir la historia de Sanjuana Maldonado, quien estuvo en prisión durante 15 años por un delito que no cometió y quien obtuvo su libertad en junio del 2024 a partir de un indulto otorgado por el Congreso del Estado, pero que en realidad ha sido una más de las víctimas de un sistema fallido que la privo de su libertad a pesar de no contar con elementos suficientes para poder comprobar su presunta responsabilidad criminal, señaló en entrevista para AltaVox, el presidente de Perteneces AC. José Mario de la Garza. A partir de dicha iniciativa impulsada por la propia Sanjuana Maldonado, se busca poder ayudar a las mujeres que viven una situación similar y al menos en el penal del Xolol se han detectado 20 casos de personas acusadas sin pruebas. Aunado a ello, los procesos se podrán hacer más rápidos y se podrán revisar los casos en donde hay sentencias injustas de personas que no fueron culpables de ningún delito, pero llevan años en prisión. En dicha ley se está contemplando que el indulto deje de estar a cargo del Congreso estatal y pase a manos del gobernador o la gobernadora en turno, además de que existirá un mecanismo de amnistía y se formará una comisión integrada por representantes de diferentes instancias gubernamentales para revisar casos de personas encarceladas injustamente. "¿Cómo te indemniza el Estado cuando te mantiene en la cárcel injustamente?", puntualizó. Aunque esta reforma tiene que pasar por los cabildos de los ayuntamientos para su probación, a partir de la publicación, se tiene un plazo de 120 días, que está otorgando el Congreso, para que se puedan emitir las leyes específicas de cómo va a operar el indulto y cómo va a operar la amnistía en San Luis Potosí. Aseveró que, en cuanto termine todo el proceso que requiere la aprobación e implementación de la ley Sanjuana, se revisarán a la brevedad los casos de personas que se encuentran en condiciones similares.