El 18 de abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles en rechazo a una reforma de seguridad social impulsada por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Desde entonces, el gobierno sandinista ha provocado confrontaciones con diversos sectores que lo han criticado, desde medios de comunicación, organizaciones civiles e incluso con la Iglesia católica. Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, mil 310 personas han sido reconocidas como presas políticas. “Se evidencia que en Nicaragua existen personas privadas de libertad por razones políticas”, detalló el organismo en su último reporte. El gobierno ha optado también por despojar de su nacionalidad a disidentes, entre quienes se encuentran los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli. Se sigue hostigando y encausando a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas, denunció Amnistía Internacional en su Informe 2022/23: La situación de los derechos humanos en el mundo. “Las personas detenidas en el marco de la crisis sufrían duras condiciones de reclusión y carecían de garantías de juicio justo. Además, el pasado marzo, el gobierno canceló la personalidad jurídica a 18 asociaciones de empresarios. Para el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, se mantiene la persecución a representantes de la Iglesia católica. “Entre los patrones que se siguen observando y documentando está la detención de cortos periodos de tiempo contra miembros del clero de la Iglesia católica en forma de amenaza e intimidación”, denunció. Tan es así que en febrero, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, fue sentenciado a 26 años de prisión tras negarse a ser deportado a Estados Unidos. En este conexto, persisten los abusos a los derechos humanos, coincidieron expertos, en frentes sociales del país centroamericano. Los datos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos contabilizó al menos 400 muertos y 88 mil exiliados por la crisis de derechos humanos y represión en Nicaragua. Con información de Excélsior.