La problemática del agua es un asunto del medioambiental, pero también económico, político y de seguridad nacional, por eso es que su gestión y regulación en México se mantiene con una problemática constante, detonada por la fragmentación entre la federación, las entidades y los municipios, misma que ha resultado contraproducente para su desarrollo, gestión y el mantenimiento de infraestructura, señaló en entrevista Óscar Ocampo, coordinador de Energía y Medio Ambiente del IMCO.

Detalló que aun con las inversiones de Conagua, que cuenta con un presupuesto bastante limitado, el eslabón más débil, continúa siendo el municipio porque de los 2500 municipios que hay en el país no todos cuentan con organismos operadores eficientes y tampoco se les proporcionan los recursos suficientes para poder operar.

"En la medida que no tengamos municipios funcionales, difícilmente tendremos sistemas de agua funcionales en el país", puntualizó.

Sin bien, han existido alrededor de 14 iniciativas que han intentado expedir la ley general de agua que garantice el acceso efectivo al vital líquido, hasta el momento todas han fracasado porque el agua aún toca intereses muy diversos y por ello ha sido muy difícil poner a todos los actores de acuerdo sobre una nueva ley.

"Esto no aplica necesariamente abrogar o abolir la ley de aguas nacionales", añadió.

Sin embargo, se espera que pueda coexistir con la Ley General de Agua para poder garantizar el acceso a lo que también es considerado como un derecho humano, además de que se puedan distribuir los recursos suficientes para poder desarrollar y mantener la infraestructura que hoy en día ya deja mucho que desear.

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Además de que se podría incluir una facilidad de pagos, que no es una realidad en todos los municipios del país, porque no todos cuentan con sistemas eficientes y, por consecuencia, no están interesados en pagar un servicio de mala calidad.