El grupo parlamentario del Partido MORENA presentó un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora del estado para que, a través de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, adopte las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para garantizar la prestación del servicio de hemodiálisis para todas las personas que así lo requieran y no sean derechohabientes del IMSS o ISSSTE. Al dar lectura a las consideraciones de la propuesta, el diputado Ernesto Millán Soberanes comentó que en Guanajuato el derecho a la salud de muchas personas es vulnerado porque el Estado ha sido omiso en implementar las acciones necesarias y utilizar el máximo de los recursos públicos para dar efectividad a ese derecho. En ese sentido, se refirió específicamente a las personas que padecen insuficiencia renal y que requieren terapias sustitutivas a través de hemodiálisis, pues tienen que recurrir a clínicas privadas, a apoyos sociales o a juicios de amparo para poder acceder a ese tipo de tratamientos que el Estado no les proporciona. El problema, dijo Millán Soberanes, es que en Guanajuato para acceder a esos tratamientos en el Sistema de Salud estatal debe previamente contratarse un abogado y tramitar un juicio de amparo para que se le ordene al ISAPEG cumpla con su obligación, o solicitar un apoyo económico. Puntualizó que, durante un año y medio, (2024 y a junio de 2025) se promovieron 643 juicios de amparo en contra de la omisión por parte del citado instituto de proporcionar el tratamiento de hemodiálisis. Compartió a la par que, en el primer informe de la gobernadora se señaló que se entregaron 881 apoyos para tratamientos de hemodiálisis durante 2024, lo cuales consisten en apoyos económicos discrecionales y temporales que no garantizan el acceso al tratamiento de manera permanente, argumentó. Finalmente, expresó que el gobierno del estado no realiza ningún esfuerzo para garantizar que todas las personas que requieren el tratamiento de hemodiálisis puedan acceder a éste de manera gratuita, por lo cual era importante que el Estado explique por qué ha sido omiso en establecer las medidas necesarias para la garantía progresiva del derecho a la salud para todas las personas.

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El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Salud Pública para su dictaminación.