La propuesta de que las personas ministras y juzgadoras sean nombradas por voto popular, contemplada en la reforma al Poder Judicial de la Federación presentada el pasado 5 de febrero, no resolverá los problemas del Poder Judicial ni garantizará su independencia, indispensable para la división de poderes y el Estado de derecho, advirtieron expertas hoy en el conversatorio ‘Frente a la propuesta de elegir a los jueces por voto popular: alternativas y propuestas’, organizado por México Evalúa, la Fundación Konrad Adenauer México, el Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas y la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey. Si bien la participación ciudadana en procesos de designación de personal judicial es indispensable, existe evidencia de que el voto popular no es la mejor opción, como lo muestra la experiencia de países como Estados Unidos, donde no se ha logrado garantizar que quienes arriban a los cargos desde las urnas tengan los mejores perfiles. Además, señalaron, este tipo de procesos electorales generan poca participación y las personas no votan de manera informada. “Todos los poderes deben ser transparentes, rendir cuentas y abrirse a la participación ciudadana; este documento propone mecanismos para lograrlo, fundados en las mejores prácticas internacionales y en la interacción con poderes judiciales en México”, señaló Mariana Campos, directora general de México Evalúa. “Las personas juzgadoras son garantes de los derechos humanos y del régimen constitucional, por eso la independencia judicial es un principio elemental del constitucionalismo contemporáneo. Sin poderes judiciales autónomos y jueces independientes, la democracia constitucional está condenada a desaparecer”, apuntó Hans-Hartwig Blomeier, representante en México de la fundación Konrad-Adenauer-Stiftung. Durante el conversatorio, las expertas coincidieron en que las designaciones judiciales tienen numerosas limitaciones y deben mejorarse. Señalaron la urgencia de modificar el proceso de designación de personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de fortalecer los requisitos para designar personas magistradas y juezas del ámbito federal, conservando la modalidad del concurso de oposición, además de asegurar una mayor transparencia y participación ciudadana. “El mecanismo actual de nombramiento de las personas ministras ha demostrado proceso tras proceso sus limitaciones. Por eso, presentamos propuestas para contribuir a una justicia independiente, a partir de contar con instancias integradas por personas con perfiles idóneos”, comentó Laurence Pantin, coordinadora del programa de Transparencia en la justicia durante el evento. Para mejorar el actual proceso de designación de personas ministras –en el que la presidencia de la República somete una terna a consideración del Senado para su aprobación–, el documento propone: Fortalecer los requisitos y prohibiciones para acceder al cargo. Sentar plazos mínimos y máximos para cada etapa del desarrollo de la designación. Prohibir que los nombres incluidos en la primera terna se repitan en la segunda y establecer que la última palabra en caso de vencimiento del plazo o de rechazo de la segunda terna recaiga en el Pleno de la Corte, y no en el titular del Ejecutivo.

Garantizar la transparencia y máxima publicidad del proceso, así como participación ciudadana.