EN EL GOBIERNO federal no cayó nada bien el spot que la oficina de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, pautó en varias estaciones de radio, televisión y, sobre todo, en la plataforma YouTube.

Le dijeron a la presidenta Claudia Shetinbaum que su gobierno no tenía facultades para ordenar el retiro del spot anti-inmigrante, pues la ley se había cambiado en 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Por ello, le propusieron hacer una nueva ley para darle facultades a su gobierno de retirar este spot de las “ventanas” audiovisuales mexicanas. Pero lo curioso es que ese artículo nunca existió.

Y volvieron a malinformar, en el sentido de que la ley que su gobierno presentaría iba a respetar libertades y solamente prohibiría los promocionales pagados por gobiernos extranjeros en México.

Una revisión por varios especialistas apunta a que el eje rector de la nueva Ley de Telecomunicaciones es la censura.

En eso coinciden la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), que preside Antonio García, y el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), que comanda Gerardo Soria.

No se diga las empresas estadounidenses como Google, que capitanea Sundar Pichai, y AT&T, que preside John Stankey, que ya habían externado preocupaciones en el contexto del T-MEC.

Censura para sacar de los equipos móviles y casas mexicanas plataformas digitales como Netflix, VIX o MAX y ordenar la suspensión de operación de redes sociales como TikTok, X o Facebook.

Las ocurrencias de José Merino, el nuevo “Zar de las Telecomunicaciones”, van a poner en aprietos a México frente a los barones de las redes como Elon Musk, Mark Zuckerberg o Reed Hastings.

Apagar estaciones de radio o canales de televisión por un “uso incorrecto del lenguaje” o por no pasar la revisión oficial de sus informativos sobre la “veracidad de la información”.

Todo, aunado a multas exageradísimas, fijadas como porcentaje de ingresos brutos de la red social o el canal; así que decir una “mala palabra” puede llevar a multas de hasta 5% de los ingresos anuales.

Y ni qué decir que reviven los “comisarios políticos” en todas las estaciones de radio y TV: les llaman “defensores de audiencia”, pero ahora sus lineamientos los dará el gobierno y no cada medio de comunicación.

Si en temas tan básicos como la libertad de expresión la Ley de Telecomunicaciones es un retroceso monumental, ya ni hablar de aspectos técnicos: no hay nada relevante de convergencia o inteligencia artificial.

Eso sí: le da todas las facilidades a las empresas de telecomunicaciones del gobierno, como Altán o CFE Telecom, para competir de manera desleal con las empresas privadas.

Bueno, hasta dice que estas empresas oficiales que preside Anthony McCarthy y dirige Emilia Calleja Alor, respectivamente, podrán ser monopolios.

Así, todo el tema de libertad de expresión en México, en todas las plataformas digitales y medios electrónicos queda anulado y en aspectos tecnológicos hay un retroceso.

Y para rematar, varias de las disposiciones de la ley son abiertamente violatorias al T-MEC, con lo que le damos a la Oficina de Representación Comercial de Jamieson Greer pretexto para imponernos más sanciones económicas.

Son de tal magnitud los errores encontrados que, desde el Senado y en la Cámara de Diputados, los morenistas están pidiendo tiempo para hacer un análisis cuidadoso.

Pero los abogados del gran ganón y autor de esta ley, Merino, desde la Agencia de Transformación Digital, sencillamente se niegan, pues, como dice la canción quieren “todo el poder”.

AL PARECER YA no habrá revire de la Secretaría de Turismo a la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA), que dirige Michele Paige. La dependencia al mando de Josefina Rodríguez se mantendrá en su última oferta: empezar a cobrar a partir del próximo 1 de julio 5 dólares a cada crucerista y escalarlo a 10, a 15 y hasta 21 dólares hacia diciembre de 2027. Si las cosas se quedan así, Carnival de Josh Weinstein, Royal Caribbean de Michael Bayley, Norwegian Cruise Line de Harry Sommer, Disney Cruise de Joe Schott y demás líneas que viajan a México se terminarán “comiendo” esos 21 dólares porque muchos itinerarios ya están vendidos y resulta prácticamente imposible o muy difícil cobrarlos. El golpe será millonario. No tendrán el margen de maniobra para diferir el impacto. Le decía ayer que vienen para 2026 cancelaciones de rutas, principalmente en Quintana Roo que gobierna Mara Lezama. Cozumel y Mahahual son los principales destinos. Tan solo la isla acababa de batir récord en la llegada de turistas por cruceros en el primer trimestre del año, con un millón 502 mil 727 visitantes. La 4T está cambiando lo más por lo menos.

AL MENOS CINCO laboratorios están a la expectativa de la adjudicación que Birmex hizo de las claves 010.000.6007.00 y 010.000.6007.01 de dapagliflozina. Como le platiqué hace un par de días, la todavía administración de Iván Olmos Cansino y Emma Luz López lo asignó directamente a AstraZeneca por tener hasta el 30 de enero, fecha en que Birmex lo fincó, la patente de fuente única. Pero unos días después, la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que lleva Armida Zúñiga, liberó este oncológico y entregó registros a terceros. Hablamos de Liomont de Alfredo Rimoch, Sandoz que dirige Enrique Liñero, Gabame al mando de Daniel Amezcua, Adium (antes Asofarma) que lleva José Miguel Foken y Amarox Pharma que encabeza Gurulinga Swamy Konanur Basavanna. Todas no pudieron participar a principios de año porque no tenían registro sanitario, pero ahora que la 4T suspendió la compra irán por el contrato de 6 mil 600 millones de pesos que Birmex le había asignado a la farmacéutica inglesa que lleva Julio Ordaz.

EN EL SECTOR inmobiliario, la mirada está puesta en Grupo Gicsa, de los hermanos Abraham y Elías Cababie. La compañía empieza a ser acechada por abogados corporativos y bancos de inversión como candidata a solicitar un concurso mercantil o adherirse a la Ley de Bancarrota de Estados Unidos. Sus deudas ascienden a más de 42 mil millones de pesos. Son consideradas por la agencia Standard & Poor´s como “insostenibles” a mediano plazo. Los focos rojos se concentran en las notas que colocó en el extranjero bajo la Regla 144-A con Goldman Sachs. Sus acreedores son MetLife de Mario Valdés, Value de José Kaún, Bancoppel de Agustín Coppel, Nafin-Bancomext de Luis Antonio Ramírez, Actinver de Héctor Madero, Sofoplus y Fincen Unión de Crédito.