La Reforma Electoral del presidente López Obrador tenía la clara intención de limitar a los partidos políticos y al INE bajo la excusa de tener una democracia que le cueste menos a los mexicanos. Pero a la sociedad civil no le gustó mucho esta idea, pues había tendencias al autoritarismo y concentración de poder en el Ejecutivo, máxime en un tema tan delicado como lo son las elecciones.

Por eso los partidos de oposición cerraron filas y enterraron la reforma. Obvio el presidente no se iba a quedar de brazos cruzados y sacó el famoso “Plan B”. ¿Y en qué consiste? Pues ahí les van los puntos clave:

Primeramente, le da un palazo presupuestal y organizacional al INE al poner tope a los sueldos de los funcionarios. Fusiona y elimina varias direcciones y unidades técnicas. Y reduce los órganos distritales de 300 a 260 y ahora solo funcionarán temporalmente. El problema es que la 4T ha demostrado muchas veces que lo barato, sale caro.

Bajo la óptica del presidente, con estos movimientos se estaría ahorrando 3,500 millones de pesos al año, con la salvedad de que la consulta del refrendo de mandato costó aproximadamente 4,300 millones de pesos. O sea, hágase la austeridad republicana en las mulas de mi compadre Lorenzo.

Segundo, y más importante, el Plan B le quita los dientes al INE para sancionar a los partidos políticos y a los funcionarios públicos. Es decir, que el árbitro ya no podrá retirar candidaturas ante faltas graves, ¿se acuerdan de Félix Salgado Macedonio? Y modifica el concepto de propaganda política, con lo cual limita la capacidad de castigar los actos anticipados de campaña, ¿les suenan las corcholatas del presidente?

Y por si fuera poco, el Partido Verde y el PT lograron meter su cuchara al flexibilizar los requisitos para mantener el registro. Antes tenían que sacar el 3% de la votación nacional. Ahora tienen que obtener el 3% de la votación en al menos 17 de los 32 estados del país.

Pero no todo es raja política. Hay algunos puntos rescatables: el endurecimiento contra quien intente condicionar el voto a cambio de dinero o dádivas, la agilización del voto en el extranjero y un avance en el posible uso de la urna electrónica.

¿Qué viene ahora? Pues que la oposición presentó un recurso de inconstitucionalidad. Eso significa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que decidir si el Plan B violenta o no los preceptos constitucionales. De ser así, el presidente López Obrador va a encontrar un verdadero contrapeso en el Poder Judicial. Menuda tarea tendrá la nueva Ministra Presidenta Norma Lucía Piña.

Israel Navarro es Estratega Político del Instituto de Artes y Oficios en Comunicación Estratégica. Twitter @navarroisrael