MINERA MAR DE Plata, controlada por la compañía canadiense Sonoro Gold, ha sido objeto de diversas revisiones relacionadas con movimientos financieros considerados inusuales por organismos de supervisión.

La empresa, con actividad en el estado de Sonora, que gobierna Alfonso Durazo, se encuentra bajo el escrutinio de las autoridades fiscales, tras detectarse una serie de inconsistencias críticas en sus registros contables y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, respecto de operaciones realizadas entre 2020 y 2026.

De un análisis del sistema de facturación, la compañía presenta una ausencia total de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) registrados en los últimos años.

Hasta el momento, se desconoce la razón técnica o administrativa por la cual no existen registros de facturación en el sistema del SAT, que dirige Antonio Martínez Dagnino, durante estos ejercicios.

La investigación revela que la operación de la empresa es inusualmente baja.

Sin embargo, lo que ha encendido las alarmas de los auditores es que los ingresos declarados por la minera que preside Kenneth MacLeod, no coinciden con los ingresos facturados.

Aunado a esto, se detectó que los ingresos reportados son significativamente menores a los gastos facturados por la entidad.

Esta estructura financiera ha permitido que, en la mayoría de los ejercicios fiscales recientes, las deducciones autorizadas superen a los ingresos declarados, lo que se traduce formalmente en pérdidas constantes ante el fisco, evitando así el pago de impuestos sobre utilidades.

Sin embargo, el hallazgo más grave señala que existe una posible omisión millonaria, pues se apunta una estimación de ingresos no declarados por un monto acumulado de 47 millones de pesos.

Esta presunta omisión habría ocurrido de manera sistemática entre los ejercicios fiscales de 2020 a 2025.

Al frente de la operación mexicana se encuentra Jorge Alberto Díaz Ávalos, que es vicepresidente de Operaciones y parte del Consejo de Sonoro Gold, quien durante años promovió la inversión extranjera en proyectos mineros del norte del país.

Sin embargo, excolaboradores consultados afirman que varias decisiones financieras eran ejecutadas a través de una estructura paralela de consultores y empresas relacionadas. Muchos contratos terminaban en entidades difíciles de rastrear.

Además, dicho empresario minero se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse una posible defraudación fiscal sistemática, pues informes detallan que, pese a su alta actividad económica como socio y accionista de múltiples empresas, Díaz ha evadido sus responsabilidades ante las autoridades hacendarias durante los últimos años.

Se estima que además del monto no declarado de la compañía minera, el empresario adeuda a la Secretaría de Hacienda, que comanda Édgar Amador, otros 12 millones de pesos, acumulados desde el periodo 2020.

A esta irregularidad se suma el hallazgo de inconsistencias en sus declaraciones de los ejercicios 2020, 2023 y 2024, donde presuntamente aplicó deducciones mayores a los gastos efectivamente facturados, lo que podría constituir un esquema de simulación fiscal para reducir su carga tributaria.

Bajo esa tesitura, estas discrepancias fiscales llevan a considerar que tanto la persona física, como la moral, están llevando a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita, que denotan estas irregularidades fiscales.

CONCLUIDO EL MUNDIAL 2026, en el entorno de Clara Brugada ya se habla más de política que de futbol. En el Gobierno capitalino circulan versiones sobre posibles salidas de Héctor Ulises García Nieto de Movilidad, Alejandra Frausto de Turismo y José Carlos Acosta de Capital Humano, en un intento por refrescar la administración rumbo a las elecciones intermedias. El movimiento también coincide con cuestionamientos sobre el legado del Mundial: varias obras anunciadas para el evento no fueron concluidas en los plazos previstos y algunas siguen operando de forma parcial. Los reflectores internacionales duraron pocas semanas, pero la evaluación de resultados apenas comienza. Brugada busca relanzar su gestión, recomponer equilibrios internos y fortalecer a Morena en la capital. La pregunta en la CDMX ya no es cómo salió el Mundial, sino cómo llegará la jefa de Gobierno a 2027.

DONALD TRUMP VOLVIÓ a demostrar que cualquier tema puede convertirse en argumento comercial. Esta vez fue la lechuga iceberg mexicana, vinculada por autoridades sanitarias estadounidenses a un brote de ciclosporiasis, la que motivó una broma sobre imponer “un gran arancel” a México. Aunque la declaración fue realizada en tono relajado durante un acto en la Oficina Oval, refleja una constante de su discurso: utilizar el comercio como herramienta política, incluso en asuntos ajenos a la relación económica. El comentario aparece justo cuando ambos países mantienen negociaciones sensibles sobre aranceles y la revisión del T-MEC. Por ahora no existe una medida formal, pero el episodio confirma que, con Trump, la frontera entre una broma y una amenaza comercial suele ser más delgada de lo que parece.

LEJOS DE LITIGIOS interminables que suelen acompañar los grandes casos fiscales, el gobierno logró recuperar dos mil 594 millones de pesos mediante un acuerdo reparatorio con Topo Chico, marca propiedad de The Coca-Cola Company, que preside Henrique Braun. La operación, impulsada por la Fiscalía General de la República y respaldada por el SAT, permite a las autoridades presumir resultados concretos sin pasar por años de disputas en tribunales. El caso también manda la señal al sector empresarial de que la regularización voluntaria puede convertirse en una vía más rápida y menos costosa que el enfrentamiento legal. Para Hacienda, cada peso recuperado cuenta. Y cuando se trata de miles de millones, la eficiencia del mecanismo termina siendo tan importante como el monto recaudado.

PARA MILES DE productores del norte del país, la noticia más importante de la semana no vino del T-MEC ni de los aranceles. La decisión de reabrir la frontera estadounidense al ganado mexicano llegó de voz de Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de Estados Unidos, quien notificó formalmente al gobierno mexicano el reinicio gradual de las exportaciones. La noticia, difundida por Claudia Sheinbaum, representa un respiro para los productores que enfrentaron meses de restricciones por la presencia del gusano barrenador. El proceso comenzará en Agua Prieta, Sonora, y posteriormente se extenderá a cruces en Chihuahua. Más que un ajuste operativo, el anuncio refleja la recuperación de la confianza sanitaria entre ambos países. Para el sector ganadero, el regreso al mercado estadounidense significa recuperar flujo comercial, certidumbre y acceso a uno de sus principales destinos de exportación.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE