En seis meses se cumplirán. 10 años ya de la trágica noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 cuando desaparecieron 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Ese hecho representa uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente; una estampa del contubernio entre autoridades y grupos criminales; una derrota de la procuración e impartición de justicia; retrato del alejamiento del gobierno para con las víctimas; la insensibilidad de quienes ostentan el poder y quienes lo otorgan. Ayotzinapa representa, en muchos y muy diversos sentidos, el fracaso del Estado. La PGR hizo una larga investigación, se detuvieron a más de 140 presuntos responsables directos e indirectos en los hechos –de los que decenas han quedado libres-, incluidos policías de Iguala y Cocúla, y concluyó que los 43 normalistas habían sido quemados, y los restos de algunos de ellos lanzados al río San Juan. Eso es lo que el entonces Procurador Jesús Murillo Káram -hoy preso-, llamó verdad histórica. El caso marcó al sexenio de Enrique Peña Nieto. A casi 10 años, el estatus legal de los jóvenes sigue siendo de desaparecidos. Los familiares nunca creyeron las versiones oficiales. Peña Nieto y su administración quedaron marcados por Ayotzinapa. No solo por la falta de legitimidad que le acarreó, sino por la forma en que su gobierno y su Procuraduría manoseó la investigación y la relación con los padres. El asunto es que importa el fondo, pero también la forma. Quizá más, todavía. Ayotzinapa simboliza el fracaso de una procuración de justicia que ensució el sexenio, representa la ausencia de estado de Derecho, y es botón de muestra de un presidente lejano que jamás se paró en la normal rural, nunca recibió a los padres, y titubeó, incluso, para solidarizarse con ellos. AMLO tomó el caso como bandera de la justicia que tanto urge a México. En el cuarto aniversario de la tragedia, estuvo con las familias en el Museo Memoria y Tolerancia. Su primer decreto, ya como presidente, el 3 de diciembre de 2018, fue para la creación de una Comisión de la Verdad. Lo firmó frente a los padres de los 43. Prácticamente en cada aniversario, se ha encontrado con las familias de los jóvenes desaparecidos. Son alrededor de una veintena de reuniones entre el presidente y padres de los 43. Hay nuevas detenciones, que incluyen a elementos del Ejército. Pero, aun así, la herida luce más abierta que nunca. Sangra. La semana pasada, familiares de los 43 elevaron el tono de la protesta. No solo vandalizaron y lanzaron bombas molotov contra Gobernación, el Senado y Cancillería, y estrellaron un camión en el Centro de Arraigos de la FGR, sino que robaron una camioneta y con ella derribaron una Puerta de Palacio Nacional mientras el presidente se encontraba en su mañanera. Y fueron más allá: amagaron con radicalizarse más, pese a una forzada oferta de diálogo. En ese contexto, la semana pasada un estudiante de Ayotzinapa fue asesinado por policías en Chilpancingo, en circunstancias no del todo claras, lo que ha tensado aún más las cosas. Ayotzinapa está más vivo que nunca, y lo que vendrá es de pronóstico reservado. La causa promovida desde Palacio por AMLO, amenaza con regresar como búmeran. POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN [email protected]  @MLOPEZSANMARTIN