"Bajo la presión de la administración (del presidente Donald) Trump, el gobierno mexicano parece estar respondiendo a la actividad criminal organizada y la violencia en el país utilizando estrategias típicas de capos, lo que conlleva riesgos adicionales de fragmentar aún más el panorama criminal y crear vacíos de poder" que podrían ser aprovechados por grupos criminales locales. Para la ACLED Armed Conflict Location & Armed Data (Localización de Conflictos Armados y Datos de Armas), un grupo dedicado al estudio y seguimiento de problemas de violencia y sus raíces, son preocupantes las actitudes del gobierno estadounidense y la posibilidad de que sus presiones vayan más allá de las amenazas de sanciones económicas. De acuerdo con un reporte que ACLED divulgò el martes, "el (nuevo) embajador de Estados Unidos en México (Ron Johnson) no ha descartado la posibilidad de una intervención estadounidense, ya sea concertada o unilateral, en territorio mexicano en un momento en que los vuelos de vigilancia con drones en México están en aumento". La preocupación de la ACLED bien podría tener su origen, al menos en parte, en las declaraciones hechas por Terrance Cole, nombrado para dirigir la Agencia Antinarcóticos estadounidense (DEA), durante su audiencia de confirmación en el Comité Judicial del senado estadounidense hace dos semanas. La relación entre la DEA y el gobierno de México ha sido mala por década, ha sido mala los últimos años, y de acuerdo con las señales, seguirán complicadas en el futuro próximo. Parte porque Cole aboga por un mayor y más activo papel de esa organización en investigaciones a desarrollarse en México en asociación con autoridades mexicanas. Pero eso, al tiempo que considera que la mayor parte del país está dominada por los cárteles que, según sus palabras, y "trabajan de la mano" con el gobierno mexicano (aunque también aclaró que eso ocurría hasta 2019, cuando se jubiló como director adjunto de la DEA en México). Cole consideró recientemente que México "no tendrá más alternativa" que acceder a una mayor cooperación binacional ante "la tremenda presión diplomática" y del presidente (Trump). Pero anotó que la presidente Claudia Sheinbaum y el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar Garcìa Harfuch, han mostrado una mucho mayor voluntad de enfrentar el problema de los cárteles y en especial del tráfico de fentanilo. Pero no olvidó afirmar que el cártel Jalisco Nueva Generación tiene control de 24 estados en México y que una buena parte de las fuerzas de seguridad se hallan en colusión. Cole aseguró, entre otras cosas, que las autoridades estadounidenses necesitan desarrollar en México un programa similar al que realizaron en Colombia en los años 80, donde comenzaron con el monitoreo de 20 líneas telefónicas y llegaron a interceptar más de 18 mil. Ahora, sin embargo, "en México no contamos con un programa de intercepción de comunicaciones judiciales que permita a ambos gobiernos compartir información". POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS  

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