La disminución de delitos denunciados y el aumento en el número de detenidos, sentenciados y decomisos de droga fueron acciones que resaltó Cristian Paul Camacho Osnaya, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), quien puntualizó que para cumplir esta labor han realizado muchos sacrificios. En su informe de labores presentado este martes ante el Pleno de la LXV (65) Legislatura, dio cuenta de golpes a la delincuencia, como la sentencia a 724 personas el año pasado, cuando en 2023 fueron 573; las 2 mil 930 detenciones relacionadas con el fuero común, en 2024, pues un año antes se registraron 2 mil 704; y las 74 armas decomisadas en un solo cateo. Bajan delitos de alto impacto Camacho Osnaya explicó que se logró una reducción de delitos de alto impacto, como el homicidio doloso en 52 por ciento; feminicidio, 55 por ciento; extorsión, 29 por ciento, y secuestros en 10 por ciento, “siendo nueve casos los registrados y de los cuales seis se judicializaron. “Nos enfocamos en combatir delitos que por su naturaleza están relacionados con actividades de los grupos delictivos, en específico el narcomenudeo, la extorsión, el secuestro y el homicidio doloso”, puntualizó. El año pasado se incrementó 309 por ciento la cantidad de detenidos en cateos y 583 narcomenudistas fueron aprehendidos. “Logramos el aseguramiento de más de una tonelada y media de narcóticos, entre marihuana y droga sintética, cuyo valor en caso de que hubiera llegado al mercado criminal, estaría superando los 100 millones de pesos”, enfatizó el fiscal. Mencionó también el rescate de 133 migrantes y la disminución de 34.9 por ciento en robo de vehículos en carreteras. El trabajo en la fiscalía, advirtió Camacho Osnaya, conlleva riesgos y reconoció el apoyo del gobierno estatal para gestionar al personal un seguro de vida. Lamentablemente, dijo, se requirió en dos ocasiones, debido a cobardes ataques en que dos agentes perdieron la vida. Por este crimen se detuvo a 10 personas, de las que cinco ya fueron sentenciadas. Desaparecidos, prioridad Cristian Camacho recordó que al asumir el cargo, en noviembre de 2023, se comprometió “a atender, de manera decidida tres fenómenos específicos: delitos de alto impacto, violencia de género y personas desaparecidas”. Destacó el aumento de búsquedas de campo y la identificación de 206 cuerpos que estaban en el Servicio Médico Forense, algunos desde hace 10 años. “Se logró la entrega y restitución de 156 personas a sus seres queridos, coadyuvando así a cerrar parte de un ciclo que, en algunos casos, lamentablemente padecieron años de incertidumbre y zozobra respecto del paradero de sus familiares”, expuso. En 2024 reportaron 551 personas localizadas, aunque el fiscal aclaró que la mayoría no fue víctima de delito, sino que su desaparición obedeció a algún tema personal. Combaten cifra negra Después de siete años por primera ocasión se logró una reducción de la incidencia delictiva general en 3.5 por ciento, reveló Cristian Paul Camacho. “Estamos combatiendo el tema de la cifra negra”, afirmó al referir la importancia de promover la cultura de la denuncia. La impunidad, lamentablemente, se transforma en corrupción y eso es “justamente lo que estamos evitando”, refirió. El fiscal dijo que para abatir el rezago de expedientes se utilizó la Inteligencia Artificial (IA), “podemos ser una fiscalía piloto en la implementación de la tecnología”. Se aplicó además un protocolo para los procesos abreviados y citó el caso de un feminicidio en Jerez de García Salinas para que el culpable fuera sentenciado en solo 48 horas. Respecto al caso del 8M, los actos de represión contra feministas que ocurrieron el año pasado, Camacho Osnaya señaló que hay una carpeta judicializada contra servidores públicos, “esta misma fue impugnada por parte de las víctimas, una impugnación que si bien no dio lugar a su petición; sin embargo, se fueron ante el amparo, por ese motivo en este momento está en suspensión”. Sobre la agresión a un contingente de búsqueda de personas en Luis Moya, mencionó que fue a elementos de seguridad y lamentablemente dos de ellos perdieron la vida. “Para cumplir esta labor hemos realizado muchos sacrificios”, recalcó al agradecer a sus colaboradores en la FGJE. Con respecto al caso del ex alcalde Julio “N”, acusado por el homicidio del abogado Raúl Calderón Samaniego, aclaró que “es una carpeta de investigación que incluso a través de un juicio de amparo así se mantiene. La orden de aprehensión está vigente”. También informó que mediante el esquema de justicia alternativa se recuperaron más de 52 millones de pesos en beneficio de víctimas y ofendidos. “La ciudadanía hoy lo que nos pide es la reparación del daño”, agregó.  Proponen diputados más recursos para fiscalía En los pronunciamientos por el informe, el diputado petista Alfredo Femat Bañuelos cuestionó las aportaciones del estado para la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas, pues consideró que poco más de 4 millones de pesos que se le destinan de un presupuesto federal es una bolsa raquítica. Reconoció lo limitado de los recursos para la procuración de justicia y se pronunció para que haya un incremento en el próximo presupuesto. El mismo fiscal aceptó que los 772.4 millones que etiquetaron para el organismo procurador de justicia el año pasado, y que representaba un incremento de 4.2 por ciento, “no era el ideal requerido para atender las necesidades”. Femat Bañuelos cuestionó además los avances en las investigaciones por los actos de represión del 8 de marzo de 2024, además de las medidas para proteger a madres buscadoras. El diputado Marco Vinicio Flores Guerrero se pronunció por cambiar el sistema punitivo en la procuración de justicia, “donde impere la reparación del daño y las salidas pacíficas”. El político de Movimiento Ciudadano (MC) reconoció que hay resultados de la fiscalía y una reducción de los delitos; sin embargo, “no es suficiente mientras haya una madre que no encuentra a su hijo o hijos que buscan a sus padres”. Pidió que se mantenga la autonomía de la fiscalía del estado y no haya intromisiones. La legisladora Teresa López Martínez consideró que el delito también se debe combatir con políticas sociales. Por su parte, el diputado priísta Carlos Peña Badillo advirtió de la situación de violencia que se vive en Zacatecas. Citó el caso de un supuesto ataque a colectivos de búsqueda en Luis Moya, lo que fue desmentido por el fiscal, y el desmantelamiento de un laboratorio en Valparaíso por parte de la Marina, “sin avisarnos”, además de un ex alcalde y una persona que siguen prófugos, después de su presunta participación en un homicidio: “poco faltó para que nos pidieran el voto para su abogado”. El legislador Santos González Huerta dijo que cuando hay voluntad constitucional se pueden tener logros y con los mismos recursos. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H

Resaltó la reducción de homicidios dolosos, en más de 50 por ciento, que dijo no solo deben reconocerse, sino consolidarse. “Zacatecas comienza a trazar una ruta de fortalecimiento institucional”, afirmó el morenista. Con información de NTR Zacatecas