Juez de control dictó prisión preventiva justificada a Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República (PGR), luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitara la medida, al considerar que existía un riesgo de fuga. Al exfuncionario se le señala por los posibles delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia en torno al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El juez Marco Antonio Fuerte Tapia fijó para el miércoles 24 de agosto la audiencia en donde se decidirá la situación jurídica del exprocurador Jesús Murillo Karam, señalado por su presunta participación en el Caso Ayotzinapa. Dicha audiencia de vinculación o no a proceso iniciará a las 08:00 h en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. La defensa del exprocurador general de la República solicitó la duplicidad del término constitucional, 144 horas, para presentar pruebas a su favor por los delitos que lo acusa la Fiscalía General de la República (FGR) Además, los fiscales solicitaron la prisión preventiva justificada para Murillo Karam, ante posible riesgo de evasión. En la audiencia de este sábado en el Reclusorio Norte, se apuntó que el exprocurador tiene cinco domicilios, recursos económicos por 85 millones de pesos, así como relaciones personales que podrían ocasionar su fuga y evadir a la justicia. Este sábado se llevó a cabo la primera audiencia contra Murillo Karam en los juzgados del Reclusorio Norte de la Ciudad de México El político hidalguense es señalado por los probables delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el Caso Ayotzinapa,  Agentes de la FGR, acompañados con cuerpos de la Secretaría de Marina (Semar), realizaron su recorrido desde las instalaciones de la Fiscalía federal, en la colonia Tacubaya, hasta el penal preventivo varonil norte. El exfuncionario durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue transportado en una camioneta color gris y escoltado por vehículos de las fuerzas armadas. Su aprehensión ocurre después de que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, de la Secretaría de Gobernación (Segob), señaló que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en 2014, fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles y no hay indicios de que estén vivos. El 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre, cuando hubo matanza de estudiantes en la plaza de las tres culturas, en Tlatelolco, en la capital de México. Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan. La Administración de López Obrador ha desmentido esa “verdad”, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar. De acuerdo con este último informe “existen elementos” para que las autoridades judiciales continúen indagatorias en contra de al menos 33 personas. Con información de López-Dóriga Digital