Al cumplir un mes del cierre del sexenio pasado, se ha detectado que esa administración gubernamental tenía “contratada” gente que no sabía que trabajaba en la administración pública estatal, es decir, personas colocadas sin su consentimiento, como “aviadores”, que generaban un costo al erario estatal, reveló el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez.

Informó que hasta el momento se tienen detectados 70 casos así, por lo que el gobierno del estado realiza una relación de todos ellos para actuar contra quien resulte responsable de esta situación que lastimó a los potosinos y a las finanzas estatales.

Asimismo, indicó que se está investigando el pago que los anteriores funcionarios realizaron durante la última semana de su gestión por las videocámaras instaladas en la ciudad, “pues llama muchísimo la atención, sobre todo por los montos y el tiempo en que se hicieron”, señaló.

Con respecto a si ya habían sido dados de baja de la nómina del gobierno las personas que cobraban sin trabajar, dijo que “nuca se dieron de baja, porque nunca fueron -a laborar-, su condición era de ´aviadores´, es decir cobraban sin hacer nada, evidentemente se les concluyó el contrato y se están haciendo la relación correspondiente para generar las acciones tanto administrativas como legales que en materia penal que procedan”, sostuvo.

Abundó que se trataba de personas que nadie conocía, gente que cobraba sin tener una actividad dentro de la administración pública, pero “el tema se agrava porque muchos de los supuestos beneficiarios ni siquiera tenían conocimiento de esta condición, es decir sin la voluntad de estas terceras personas se generaba el pago o erogación sí que estos hubieran dado su autorización”, expuso.

En el caso de las videocámaras, dijo que todos los contratos, por un tema de administración, concluyen al finalizar esta y se tienen que generar nuevas negociaciones, por lo que actualmente se están haciendo una revisión y relación de los pagos pendientes a proveedores, de forma minuciosa y muy puntual, para comprobar la procedencia real y el reconocimiento de la deuda en su caso.