El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Jesús Juárez Hernández, confirmó que grupos criminales están utilizando cámaras de videovigilancia clandestinas para monitorear la actividad de las corporaciones policiales, como parte de un nuevo modus operandi en la entidad.

El funcionario informó que el pasado 26 de abril fueron detenidos dos jóvenes en el municipio de Matehuala, tras una denuncia ciudadana por allanamiento. En el lugar, elementos estatales y de la Policía de Investigación sorprendieron a Gabriel de Jesús “N”, de 18 años, y a Rocío Guadalupe “N”, de 19, a quienes se les aseguraron cinco tabletas, un teléfono celular y dos cámaras ya instaladas.

A partir de esta detención, las autoridades obtuvieron información clave que permitió ubicar una red clandestina de videovigilancia. Posteriormente, se desplegó un operativo en la zona que derivó en el desmantelamiento de otras 17 cámaras ocultas en postes y fachadas, todas conectadas a un mismo sistema ilegal. De acuerdo con las autoridades, el objetivo era alertar sobre operativos y patrullajes de fuerzas estatales y federales.

Juárez Hernández señaló que este tipo de prácticas no es nuevo. En marzo pasado, en el municipio de Charcas, la Guardia Civil Estatal desmanteló otra red en colonias como Potrerillos, Chepinque y Estación, donde se aseguraron 10 cámaras, siete de ellas ocultas en objetos y cinco módems.

Asimismo, recordó que en marzo de 2025 se reportó el decomiso de al menos 400 cámaras ilegales en distintas zonas del estado, principalmente en el norte de la capital potosina y municipios del Altiplano.

El secretario explicó que, aunque la incidencia de estos casos ha disminuido en comparación con el año anterior, las cámaras forman parte de una estrategia para sustituir el “halconeo” tradicional, que anteriormente realizaban personas, con el fin de reducir el riesgo de detenciones y mantener vigilancia constante sobre las autoridades.

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En marzo de 2025 el Poder Ejecutivo estatal impulsó una iniciativa para tipificar como delito la instalación y uso ilegal de cámaras de videovigilancia, con penas que podrían ir de cinco a 12 años de prisión. La propuesta fue turnada al Congreso del Estado de San Luis Potosí y se mantuvo en análisis; sin embargo, hasta el momento no existe confirmación pública de su aprobación definitiva.