Como resultado de la investigación en la Comisión Estatal del Agua (CEA) se detectó y documentó el saqueo millonario de recursos públicos, a través de proyectos inacabados, inexistentes o que no tienen la funcionalidad debida, engrosando la llamada herencia maldita. “La CEA no era la caja chica, sino la caja grandotota de la exadministración”, declaró el titular del organismo, Luis Fernando Gámez Macías, y señaló que las irregularidades resultaron peor de lo que se imaginó, lo que provocó que, según datos de Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se tenga un déficit del 25 por ciento de la población en materia de accesos a los servicios básicos de agua y saneamiento en el Estado. Entre las anomalías denunciadas se encuentra el caso de la Presa El Realito, a la que se le destinaron 5,100 millones de pesos, pero que de manera frecuente presenta fallas en el suministro que dejan sin agua a 250 mil habitantes de la zona Metropolitana de San Luis Potosí. En el Altiplano, al proyecto de la Presa La Maroma se destinaron 386 millones de pesos, pero no existe la obra ni caminos ni nada, además de que no aparecen 100 millones de pesos ya que no se tiene registro de su destino. En la Huasteca se erogaron recursos millonarios para la construcción de plantas tratadoras de agua que nunca se construyeron o nunca entraron en funcionamiento; en la de Matlapa se destinaron 19 millones de pesos; en la de Xilitla 10 millones; en la del Centro de Reinserción Social de Ciudad Valles un millón de pesos y en la del Xolol 2.4 millones de pesos.